El exmagistrado Baltasar Garzón hace una encendida defensa de la libertad de información en el escrito que el equipo de asesores legales de Julian Assange ha enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidiendo que Estados Unidos comuniquen los cargos que existen contra él, y que actualmente se encuentran secretos
La petición del creador de la web de filtraciones WikiLeaks consta de 1.172 páginas y en ella también se pide a Ecuador que cese sus actividades de espionaje contra Assange en la embajada de Londres, donde el Gobierno ecuatoriano contrató unos servicios de seguridad especializados que, “lejos de trabajar en defensa del asilado, habrían derivado hacia el espionaje del mismo y el de aquellos que le visitaban”, según el equipo legal de Assange.
Garzón, coordinador de dicho equipo legal, pide en un comunicado “la solidaridad internacional con esta causa en la que la libertad de acceso a la información y de difusión de ésta libremente, está es grave riesgo”, además del pronunciamiento favorable y urgente de la CIDH.
Igualmente, el escrito establece las “graves consecuencias para la libertad de prensa” que representa el proceso judicial secreto abierto en Estados Unidos contra el Sr. Assange y Wikileaks, y lo considera “un ataque sin precedentes al derecho a publicar información veraz”.
Los abogados de Assange liderados por Garzón alegan tener evidencias que acreditan que la Administración Trump intenta presionar a Ecuador para que entregue al activista por las publicaciones que hizo a través de su web WikiLeaks sobre la diplomacia estadounidense, Guantánamo, las guerras de Irak y Afganistán, y los más recientes documentos llamados ‘Vault 7’, que suponen unas de las mayores filtraciones de información clasificada de la CIA.
Igualmente, el equipo legal de Garzón reconoce el esfuerzo de publicación conjunta entre Wikileaks y los numerosos medios internacionales, entre los que se encuentra el New York Times, The Guardian, Al Jazeera, Der Spiegel, Le Monde, Reuters y el medio español El País, así como los numerosos premios periodísticos que obtuvieron gracias a su colaboración. Atañe a estos, en opinión del exmagistrado, la “creación de un modelo colaborativo usado en filtraciones posteriores como las de los Panama Papers”.
Asimismo, la petición indica que Ecuador está obligado a poner fin al régimen de aislamiento impuesto a Assange y suspender la aplicación del llamado “Protocolo Especial y garantizar que sus derechos como asilado son respetados”, ya que este asedio está “dificultando e impidiendo en ocasiones que este tenga acceso a la visita de sus abogados, afectando a su derecho a la defensa”.
GARZÓN PIDE MÁS PROTECCIÓN PARA ASSANGE
De esta manera, se pide para el periodista protección por parte de Ecuador frente a la solicitud de extradición de Estados Unidos, por estar “sustentada en una persecución política” causante del asilo otorgado en agosto de 2012 en la sede diplomática del país sudamericano en Londres, donde aún permanece en la actualidad.
La Administración Trump se niega a revelar detalles sobre los cargos contra Julian Assange, a pesar de que fuentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos han confirmado a diferentes medios estadounidenses que ha sido acusado en secreto. “La revelación de que Estados Unidos ha abierto una investigación contra el Sr. Assange ha conmocionado a la comunidad internacional”, alega el escrito presentado a la CIDH. El Gobierno estadounidense “es requerido para que proporcione toda la información sobre los cargos imputados al Sr. Assange”, añade.
La petición revela que, en los últimos meses, los fiscales federales estadounidenses han contactado a personas en Estados Unidos, Alemania e Islandia para presionarles con el objetivo de que testifiquen en contra de Assange a cambio de inmunidad en el proceso.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos respondió que intervendrá si considera que las acciones de Estados Unidos y Ecuador dan lugar a una situación “grave y urgente que causaría un daño irreparable al Sr. Assange”.
El mes pasado, otro organismo internacional, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Detenciones Arbitrarias y el relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos pidieron a todos los Estados que implementaran las conclusiones de comienzos de 2016 para conseguir la liberación de Assange. “Es hora de que el Sr. Assange, quien ya ha pagado un alto precio por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de opinión, expresión e información, y la promoción del de derecho a la verdad en favor del interés público, recobre su libertad”.
El New York Times ya se había hecho eco el pasado mes de diciembre de que Lenin Moreno, presidente de Ecuador, había intentado negociar la entrega de Assange a cambio de una “disminución de la deuda” con Estados Unidos.
