Las granjas cinegéticas se han convertido en el negocio del siglo en el sector de la caza. Cada vez son más los que apuestan por la cría en cautividad de especies propias de la fauna silvestre española y que, según alegan, se encuentran en peligro de extinción. Sin embargo, la realidad de este mundo parece ser otra muy distinta y que nada tiene que ver con la repoblación del campo ibérico. Detrás hay una mera finalidad económica y que puede dañar severamente al medioambiente.
Estas granjas han proliferado notablemente en varios puntos del territorio nacional y no todas ellas son legales, como apuntan expertos en el sector. Hay un gran oscurantismo alrededor de este negocio que hace difícil incluso contabilizar cuáles son las granjas cinegéticas que hay repartidas por toda la geografía española. Solo una comunidad, Andalucía, ha ofrecido datos de estos centros donde se confirma su crecimiento.
David Sánchez, abogado de AGMADA (Abogados Granadinos por el Medio Ambiente y los Derechos de los Animales), advierte de que no hay transparencia en las cifras oficiales para confirmar cuántas de estas granjas hay, aunque señala que en la práctica hay muchas más de las que están regularizadas. “Hay un desfase entre las legalizadas y la realidad”, apostilla. A pesar de esta carencia informativa, Sánchez afirma que lo poco que se conoce alerta del incremento descontrolado de estos criaderos, que habrían crecido “un 700 %” en los últimos años.
LOS PROBLEMAS DE LAS GRANJAS CINEGÉTICAS
El letrado, experto en la defensa de los animales, explica que son varios los problemas que se desprenden de la falta de control en este segmento del negocio cinegético. El primero es que no hay un registro oficial que contabilice cuántas hay. Un vacío que permite la proliferación de granjas ilegales, que no cumplen los requisitos adecuados para producir y distribuir este tipo de animales.
El segundo inconveniente es que tampoco hay el suficiente personal cualificado para encargarse del seguimiento preciso. Según Sánchez, en Andalucía “el que controla las granjas cinegéticas y las autoriza solo es una persona, un funcionario. No hay una Administración específica para ello”. La carencia de profesionales complica una exhaustiva inspección de estos centros, ya que se necesita a más especialistas para registrar y supervisar su correcto funcionamiento.
Y esta deficiencia da lugar al tercer y mayor problema de todos. “Es necesario hacer un estudio genético para controlar las sueltas de animales”, explica el abogado. Cuando las granjas producen las diferentes especies cinegéticas –como perdices, zorros, conejos o jabalíes– sería necesario estudiar en profundidad sus características antes de dejarlos en libertad. El objetivo de este análisis es verificar que estos animales no tienen enfermedades o características que puedan dañar la fauna autóctona. Algo que, por falta de medios y por el excesivo volumen de trabajo, no se está haciendo.
LA FAUNA Y FLORA AUTÓCTONA, EN PELIGRO
El letrado asegura que estos estudios deberían ser obligatorios para que no hubiera efectos perjudiciales en el campo ibérico. Un punto en el que coincide con asociaciones protectoras de los animales. Theo Oberhuber, cofundador de Ecologistas en Acción, afirma que “los impactos en el medioambiente son grandes” porque “son especies en cautividad que no están adaptadas y puede que nunca lleguen a hacerlo”. Según apuntan varios expertos, el tiempo óptimo para que estos animales pudieran integrarse en su nuevo ecosistema sería de un año, pero esto nunca se cumple y muchas veces se sueltan desde la granja al campo y no están en él más de 48 horas, ya que pronto se cazan.
Oberhuber añade que al estar criados en cautividad son distintos de los animales que nacen en libertad y pueden “desarrollar algún patógeno o enfermedad que traspasan al relacionarse con la fauna silvestre”. Un problema que podría solucionarse con estudios genéticos y que no solo afecta a las especies cinegéticas, sino a la flora. El “85 % del territorio nacional es coto de caza” y muchas fincas destinadas a esta actividad no están preparadas para acoger a tantos animales, lo que produce un impacto en la vegetación y el suelo.
La “caza enlatada” como los críticos conocen a este negocio tampoco está bien vista desde algunos sectores de cazadores. El coordinador de la Unión Nacional de Asociaciones de Caza, Antonio de José Prada, sostiene que ellos abogan por “una caza social sostenible”, por lo que “cuando las soluciones pasan por utilizar animales criados en granjas cinegéticas, algo está fallando y por ello es importante la formación, concienciación e información en nuestro colectivo”.
Expertos consultados por MONCLOA.COM insisten en que el negocio de las granjas cinegéticas no sirve, como muchos defienden, para repoblar la fauna silvestre española, sino que se mueve con fines puramente económicos. Normalmente los clientes de estos centros son cotos privados de caza, que pagan para matar a estos animales sin pensar en el impacto que genera en el medioambiente. Estas fuentes advierten de la importancia de educar a los cazadores para que conozcan los peligros a los que se enfrenta la naturaleza y prescindan de servicios como los que ofrecen estas granjas.
