La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han afirmado que el llamado pin parental promulgado por Vox, en virtud del cual los padres pueden autorizar o no la participación de sus hijos en actividades complementarias en el ámbito de la educación pública, vulnera el derecho de los niños y niñas a la educación. Una afirmación que desde el fact-check jurídico Bendita Justicia, un verificador de noticias del ámbito del Derecho, han estudiado y concluido que se trata de un bulo.
La plataforma cita el artículo 27.3 de la Constitución para desmentir las afirmaciones provenientes del Ejecutivo en contra de esa supervisión parental a actividades no enmarcadas en las asignaturas troncales que puedan cuestionar sus convicciones morales, ideológicas o religiosas.
Ese precepto constitucional establece que “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
REQUERIMIENTO AL GOBIERNO DE MURCIA
El ministerio de Educación ha adelantado que ha enviado un requerimiento al Gobierno de la Región de Murcia para que suprima ese punto, contemplado en el acuerdo para la aprobación de los presupuesto de 2020 de la comunidad autónoma firmado por PP, Ciudadanos y Vox. Además, Celaá ha aseverado que de no ser cumplido ese requerimiento acudirán a la vía judicial.
El acuerdo de presupuestos establece en su primer punto que “se impulsará la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo, mediante el establecimiento de una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias, establecido a tal efecto por la Consejería de Educación y Cultura, en base a los preceptos consagrados por la Constitución”.
Para Celaá ese punto supone una “objeción de conciencia no aplicable” que vulnera el “derecho fundamental de los niños y niñas a ser educados y las competencias de los centros de tomar decisiones curriculares”.
Además, la responsable socialista de educación considera que esa autorización de los padres “vulnera tratados europeos firmados por España como la Declaración de Derechos del Niño y la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.
TRATADOS INTERNACIONALES
Sin embargo, ambos tratados contemplan el derecho de los padres a escoger la educación que quieren que reciban sus hijos menores de edad.
En el caso de la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada de manera unánime en 1959 por los 78 Estados Miembros de la ONU, establece en su séptimo principio que el “interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tiene la responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe en primer término a los padres”.
En cuanto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 26.3 señala que: «Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.»
INTENCIÓN DE ADOCTRINAMIENTO
Fuentes de Vox consultadas por MONCLOA.COM han afirmado que los poderes públicos tienen que garantizar la diversidad de opciones en el ámbito educativo y no “imponer” un tipo de educación que lo que busca es “adoctrinar” y establecer un “pensamiento único” a menores de edad.
En el pin parental, disponible para descargar en la página web de Vox, los padres se dirigen al centro educativo que les corresponda para que este informe “sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad, que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad de sus hijos”.
De tal modo que los padres puedan “conocerlas y analizarlas de antemano, reflexionar sobre ellas y en base a ello dar su consentimiento o no para que su hijo asista a dicha formación”.
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Para la ministra de Igualdad, Irene Montero, el pin parental supone una “ruptura del pacto de Estado contra la violencia de género” y de una medida “machista”.
Por su parte, la ministra de Educación subrayó al término del Consejo de Ministros celebrado este viernes que los niños “no pertenecen a los padres” y que estos tienen el derecho, independientemente del criterio de sus progenitores o de aquellas personas que ostentan su patria potestad, a recibir una “educación integral”.
