El Gobierno de Pedro Sánchez ha mostrado este miércoles su compromiso para establecer cauces para la correcta identificación entre peticiones de asilo y migrantes económicos después de que se hayan evidenciado las primeras tensiones en el seno del Gobierno de coalición por la política migratoria.
Tras trascender estos primeros roces en el seno del Ejecutivo entre PSOE y Unidas Podemos, el Gobierno ha subrayado que considera que la política migratoria «es una cuestión de Estado, basada en el respeto y acatamiento de las decisiones judiciales y en los derechos humanos», han indicado a Europa Press fuentes de Moncloa.
En concreto, desde la formación liderada por Pablo Iglesia han afeado al PSOE los planes que tiene previsto impulsar Fernando Grande-Marlaska en materia de política migratoria al considerar que no cumplen con el programa acordado entre ambos partidos.
Se trata, por un lado, de la ley de asilo que está preparando el Ministerio del Interior y que, según ha avanzado El País, supondrá un endurecimiento de las condiciones para que los migrantes soliciten protección y, por otro, del acatamiento por parte del Ministerio del Interior de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que avala las devoluciones sumarias –conocidas como devoluciones en caliente–.
En este sentido, desde el Ejecutivo han recalcado que existe un compromiso para el establecimiento de cauces para la correcta identificación entre peticiones de asilo y migraciones económicas, «adecuando el sistema de asilo a la protección de nuevas realidades».
Asimismo, han subrayado que la política migratoria debe tener como ejes la cooperación y apoyo a las poblaciones en desarrollo de los países de origen, la lucha contra la criminalidad y la trata de seres humanos y la apertura de vías legales y seguras para la inserción social y laboral en los países de destino.
La política migratoria, tanto en lo que tiene que ver con la futura ley de asilo como con las devoluciones sumarias –las conocidas como devoluciones en caliente–, es una de esas cuestiones en las que Unidas Podemos no está dispuesto a rebajar sus demandas.
Este fue uno de los asuntos que estuvieron sobre la mesa en la reunión interministerial sobre inmigración que tuvo lugar el pasado viernes en Moncloa, que presidió el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y a la que asistieron, entre otros, Iglesias y Grande-Marlaska.
Este encuentro, que estaba fijado desde hace días, tuvo lugar un día después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hiciera pública su polémica sentencia, en la que avalaba las devoluciones en caliente, al considerar que son legales y no vulneran los derechos humanos.
Tanto el PSOE, estando en la oposición, como Podemos han defendido en numerosas ocasiones la prohibición de las devoluciones en caliente, si bien no incluyeron en el acuerdo del Gobierno de coalición esta cuestión de forma explícita, en el punto que habla de aprobar una nueva Ley de seguridad ciudadana, que sustituya a la conocida coloquialmente como ‘Ley mordaza’. El texto sí señala que la nueva ley de asilo deberá adaptarse «a los nuevos retos de la movilidad global» y deberá tener en cuenta «las nuevas realidades sociales».
