La sección octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado que la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Sanidad, dote de «manera inmediata» a las residencias de mayores de Alcorcón de personal sanitario necesario, así como los medios precisos para llevar a cabo pruebas diagnósticas de coronavirus.
Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que los magistrados estiman la medida cautelarísima solicitada por el Ayuntamiento de esta localidad ante la «urgencia» de la situación que atraviesan las cuatro residencias de mayores ubicadas dentro del término municipal (Residencia de Mayores de la Comunidad de Madrid, Residencia de Mayores Campodón, Centro Residencial de Mayores Amavir y Centro Residencial de Mayores Sanitas).
En la denuncia que da inicio al procedimiento se apela a un «inminente» riesgo de contagio masivo entre todos los residentes y trabajadores de los centros, así como un «riesgo de muerte apremiante» para un gran número de ellos.
El Ayuntamiento de Alcorcón solicitó la medida cautelarísima ante la falta de respuesta por parte de la Consejería de Sanidad, pese a haberse dirigido a sus responsables en tres ocasiones, según consta en el auto.
La Sala de lo Contencioso, no obstante, ha tomado también en consideración para adoptar su decisión los dos informes emitidos por el Servicio de Bomberos y Protección Civil, en los que se expone la situación de extrema gravedad en que se encuentran las citadas residencias.
Según los informes, desde el 29 de marzo han fallecido 116 residentes y a día de hoy habría otras 143 personas contagiadas necesitadas de tratamiento médico, así como un porcentaje del 50 por ciento del total de residentes (579) que, aun siendo asintomáticos, «habrían dado resultados positivos en los test PCR».
Asimismo, la Sala adopta su decisión también al entender que el número de personas afectadas no es sólo cuantitativamente significativo, sino «cualitativamente relevante», pues quienes viven en centros de mayores se encuentran en esa franja de edad en la que el Covid-19 resulta «notoriamente más letal».
«Es ésta una razón más, por la que el derecho a la protección de la salud, consagrado con carácter general en la Constitución, debe considerarse aquí y ahora con una mayor intensidad, si cabe, en su necesaria salvaguarda», recalca el fallo judicial.
