Unidas Podemos considera que el criterio fijado por la Audiencia Nacional avalando la reversión al Estado de las centrales hidroeléctricas al caducar los permisos de explotación por parte de las compañías privadas, es una garantía para acelerar la transición ecológica.
A través de un comunicado, los morados destacan la sentencia dictada por la Audiencia Nacional el pasado mes de febrero, por la que se avala la reversión al Estado de la central oscense de Lafortunada-Cinqueta, una de las mayores del Pirineo. La formación destaca que esta decisión determina la existencia de un plazo máximo improrrogable en el límite de 75 años para la explotación de las centrales hidroeléctricas por parte de las compañías privadas titulares de sus concesiones.
Por ello, el grupo confederal, que, según explica, ya había propuesto la creación de una «empresa pública de la energía» que asumiera la explotación de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones fueran caducando, considera que esta nueva sentencia de la Audiencia Nacional es un paso clave.
«Con esta sentencia, la Audiencia Nacional hace firme su criterio de que el límite de 75 años para la explotación de las centrales hidroeléctricas por parte de las compañías privadas titulares de sus concesiones supone un plazo máximo improrrogable», ha explicado el presidente de la Comisión de Transición Ecológica en el Congreso y diputado de Unidas Podemos, Juantxo López de Uralde.
A su juicio, «recuperar la gestión pública de estas infraestructuras permitirá emplear la energía producida para complementar los valles producidos por otras tecnologías renovables, además de proteger la salud de los ríos, garantizar el riego, u otras funciones de control de crecidas y suministro de agua».
Es por ello que Unidas Podemos, a través de una iniciativa parlamentaria, cuestiona al Gobierno sobre la realización de un plan de actuación «para facilitar y agilizar la recuperación por parte del Estado» de estas centrales cuya explotación ha vencido ya o lo vaya a hacer en los próximos años. El objetivo, apunta el texto registrado en la Cámara baja, es evitar «que las eléctricas se resistan a devolver estos activos tal y como determina la sentencia».
