jueves, 29 julio 2021 00:37

La Xunta critica que el reparto de fondos adicionales “infrapondera” el envejecimiento y la dispersión

El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, se ha quejado de los criterios para el reparto de los fondos adicionales comprometidos por el Gobierno para las comunidades ante la pandemia del coronavirus, ya que considera que se alejan de los vigentes en el sistema de financiación, al tiempo que se “infrapondera” el envejecimiento y la dispersión.

En el marco de una videoconferencia entre el Ministerio de Hacienda y las comunidades, se ha abordado los criterios para el reparto de estos fondos no reembolsables a las comunidades, los cuales se aprobarán a través de un decreto ley. Del total de 16.000 millones, habrá 10.000 millones para gasto sanitario, 1.000 millones para gasto social y 5.000 millones para compensar el descenso de la recaudación de tributos propios.

Por el momento, el Ministerio ha trasladado los criterios de reparto de los 10.000 millones correspondientes al gasto sanitario. Un 28% irá en función de la población ajustada –que tiene en cuenta factores como dispersión geográfica y envejecimiento–, mientras otro 72% será por tres indicadores: pruebas PCR, hospitalizaciones e ingresos UCI.

Ante esto, el conselleiro de Facenda considera que el criterio de la población ajustada está “infraponderado” y debe tener un mayor peso hasta acercarse al 50%, mientras lamenta que no se tendría en cuenta el trabajo de comunidades en campos como Atención Primaria.

Además, remarca que el Gobierno fijó el peso de la población ajustada en un 90% para los criterios recientemente marcados para el fondo social extraordinario, lo que se seguirá también para el reparto de 1.000 millones del gasto social.

Mientras, los criterios de reparto de los 5.000 millones restantes por el descenso de recaudación se fijarán en una reunión futura. De tal forma, todavía se desconoce qué cantidad final de los 16.000 millones irán para Galicia.

Junto a esto, el conselleiro de Facenda también ha pedido que las comunidades no tengan que asumir en 2022 una liquidación negativa por el descenso de la recaudación que se producirá en este ejercicio respecto a las entregas a cuenta.