El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha defendido este jueves al ministro del Interior, Fernado Grande-Marlaska, ante su decisión de cesar al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos y ha asegurado que está «convencido de que su actuación se ajusta a la legalidad».
Así lo ha dicho durante su intervención en el ‘Foro Justicia’ organizado por el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), en el que ha sido preguntado por si cree que Grande-Marlaska ha podido cometer un delito o si ha habido «injerencia política» por tratar supuestamente de conocer datos de la investigación penal que dirige la juez de Madrid Carmen Rodríguez Medel contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir la manifestación del 8 de marzo.
«Por supuesto que no», ha dicho rotundamente el titular de Justicia, al mismo tiempo que ha asegurado que Grande-Marlaska «cree» en la actuación que hace la policía judicial. Ha recordado que la «destitución de cargos» del Instituto Armado es una «competencia» del ministro del Interior «que en cuestión de la confianza se va a otorgando o relevando».
Así, Campo, que ha admitido que «desconoce los detalles» por los que se decidió cesar al coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, ha afirmado que no tiene relación con la investigación que lleva a cabo la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid y que está seguro de que su compañero en el Consejo de Ministro ha actuado con «apego a la legalidad».
REESTRUCTURACIÓN DE LOS CARGOS
El ministro del Interior presentó el cese de Pérez de los Cobos y el cambio en la cadena de mando de la Guardia Civil como una reestructuración de los cargos de confianza, desligándolo del informe judicial presentado a la juez Rodríguez Medel.
En este sentido, Campo ha sido preguntado por esta justificación, a lo que ha respondido que se queda «con la versión que dice» Grande-Marlaska. «Pero estoy convencido de que la actuación se ajusta a la legalidad», ha añadido.
Por otro lado, el titular de Justicia no ha querido hacer ningún tipo de valoración sobre la investigación contra el delegado del Gobierno de Madrid por el presunto delito de prevaricación administrativa al autorizar concentraciones multitudinarias los días previos a la declaración del estado de alarma.
Tampoco sobre la acusación que la Abogacía del Estado ha hecho en uno de sus recursos contra la magistrada asegurando que está convirtiendo el caso «en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria», saltándose incluso las suspensiones procesales vigentes en el estado de alarma.
LA POLICÍA JUDICIAL «REPORTA ANTE EL JUEZ»
«No hablo de los procesos que están vivos», ha repetido en varias ocasiones. Lo que sí ha apuntado es que la policía judicial «reporta ante el juez», en relación al oficio que la juez del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid mandó a la Secretaría General de Seguridad recordando que la Guardia Civil, que actúa como policía judicial en la causa, tiene orden de «guardar rigurosa reserva» sobre las actuaciones encomendadas.
«Es la experiencia en este y en todos los casos», ha subrayado el decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, que también ha sido preguntado por este asunto. Según ha dicho, no sabe qué ha ocurrido en realidad, pero ha advertido que «no sería aceptable» si fuera cierto que el cese de Pérez de los Cobos se debe a que se negó a facilitar información sobre las investigaciones relacionadas con el 8M.
