AEDIS ha cuidado la mayoría de los empleos de discapacitados

Más del 80% de los centros especiales de empleo de la Asociación Empresarial para la Discapacidad (AEDIS) no ha rescindido ningún contrato laboral, según una encuesta de la patronal de entidades y empresas que prestan servicios de atención a personas con discapacidad sobre el impacto económico y laboral de las medidas adoptadas durante el estado de alarma.

«Como tónica general, nuestros CEE están realizando un extraordinario esfuerzo por mantener el empleo, especialmente el de los trabajadores con discapacidad, ha asegurado la organización empresarial.

Sin embargo, ha explicado que en algunos centros especiales de empleo, «con líneas de actividad muy vinculadas a sectores afectados y donde no es posible la diversificación, la situación es especialmente preocupante, incluso alguno ha cesado su actividad».

En este sentido, ha indicado que aproximadamente la mitad de los centros especiales de empleo consultados han contado con trabajadores en situación de incapacidad temporal por contagio o en período de aislamiento como consecuencia del COVID-19, suponiendo en torno al 7,5% de la plantilla.

En este contexto, AEDIS ha indicado que el permiso retribuido recuperable derivado del Real Decreto 10/2020, de 29 de marzo, por el que se paralizaba la actividad de los sectores «no esenciales», ha sido una de las medidas más utilizadas durante el periodo de vigencia (71% de los centros encuestados) para mantener el empleo.

Asimismo, la patronal ha manifestado que las medidas extraordinarias de conciliación familiar y, especialmente, la adaptación del horario (69%), seguido de cerca por el teletrabajo (60%) han sido otras medidas adoptadas para mantener el empleo.

Respecto a la actividad y la facturación, ha destacado que el 34% de los centros ha visto disminuida su facturación en más de un 75% y un 11,3% declara un descenso menor del 25%. «Este impacto ha sido menor en las empresas que realizan servicios esenciales, como limpieza, lavandería, jardinería», ha aclarado.

AEDIS ha destacado que, a pesar de la caída de la producción derivada de la crisis de la pandemia del coronavirus, casi el 85% de los centros especiales de empleo «han podido mantener la actividad en, al menos, una o más líneas de trabajo, incluso algunos en todas las líneas de actividad».

PRESENTACIÓN DE ERTES

Según el estudio, el 58,2% de las empresas encuestadas declara haber presentado o prevén iniciar Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), de los cuales casi el 83% lo ha tramitado por causa de fuerza mayor. Así, la opción predominante es la suspensión temporal del contrato (80,6%), frente a la reducción de jornada o combinación de ambas (19,4%).

En cuanto a la actividad, la mayoría de los centros tienen afectadas todas las líneas (52%), mientras el restante 48% algunas declaradas no esenciales, como imprenta, viveros, catering, carpintería, manipulados, servicios de destrucción de documentación, hostelería, tiendas, etc.

Respecto al número total de trabajadores afectados por ERTE, la cifra asciende a 1.911 trabajadores que se encuentran en situación de regulación temporal de empleo, de los que 1.717 son trabajadores con discapacidad. «Estos números indican que alrededor del 40% de los trabajadores en los cemntros se encontrarían directamente afectados por ERTE», ha añadido.

MEJORAR LA SITUACIÓN

La patronal reclama ayudas urgentes para el mantenimiento de la plantilla de personas trabajadoras con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo tras la finalización del estado de alarma, «como ya están poniendo en marcha algunas comunidades autónomas como la de Extremadura.

También piden mantener la subvención del 50% del salario mínimo interprofesional a contratos suspendidos temporalmente (ERTE), y elevarla transitoriamente al 75% para las personas con discapacidad con especiales dificultades de inserción.

Entre otras medidas, solicita la creación de un fondo de contingencia específico, vinculado al mantenimiento de empleo y dirigido a equilibrar el presupuesto para paliar las deficiencias económico-financieras provocadas por la situación de crisis sanitaria actual.