El Consejo Empresarial del Juego (Cejuego) ha criticado este miércoles que se posponga la reapertura de los locales de juego y apuestas a la Fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad tras el confinamiento por la pandemia del COVID-19.
En este sentido, la organización defiende que, desde que el pasado 14 de marzo se estableciera el estado de alarma, el sector del juego privado «se ciñó a la normativa cerrando todas sus salas y paralelamente comenzó a trabajar en la adaptación de normativas y protocolos que le permitiesen abrir cuanto antes».
Asimismo, el sector ha denunciado «la falta de atención por parte de las instituciones que le han mantenido en un estado de incertidumbre hasta ahora».
«Según el Real Decreto del 14 de marzo, una vez se iniciara la desescalada, esta se realizaría por criterios sanitarios y no de actividad: esto no se está respetando. Se está realizando de forma discriminatoria y como sector nos sentimos perjudicados», ha manifestado el director general de Cejuego, Alejandro Landaluce.
Según la orden ministerial publicada el pasado 30 de mayo en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la apertura de locales de juego se ha fijado para la Fase 3. Cejuego critica esta decisión argumentando que es «una actividad de ocio con baja concentración de aforo, similar a la de los bares y otros establecimientos comerciales de índole minorista» que han podido retomar su actividad antes.
Además, añade que cuenta «con importantes medidas de seguridad, control de acceso y aforo, que permiten garantizar las condiciones de seguridad y prevención pertinentes en su interior las cuales pueden facilitar incluso el rastreo de posibles contagios».
El sector denuncia también «un trato discriminatorio» frente a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), cuya actividad se permite desde el 9 de mayo, «mientras que en el mejor de los casos, el juego privado se ha reactivado al inicio de junio, en las escasas localidades más avanzadas en Fase 3».
La orden del Ministerio de Sanidad detalla que las salas de juego podrán abrir a un aforo del 50 por ciento, pero sin superar nunca las 50 personas en su interior, incluyendo el propio personal.
Cejuego ha advertido de que en salas de juego y locales de apuestas esta decisión «no es tan condicionante», pero «sí resulta incompatible para la apertura de casinos y bingos, con plantillas en muchos casos superiores a esa cantidad».
«No entendemos que se aplique al juego una restricción de 50 personas, independientemente del aforo de la sala, por ser una medida que no atiende a razones sanitarias y que no se aplica en otras actividades similares al juego. Establecimientos como bingos y casinos requieren de un gran número de empleados para su funcionamiento por lo que esta medida es incompatible con la apertura de la actividad en muchos casos», ha afirmado Landaluce.
En este contexto, el Consejo Empresarial del Juego ha hecho hincapié en que si no se pueden abrir estas salas de mayor capacidad, «al sector le resulta sumamente difícil poder reactivar el empleo y sacar del ERTE a sus empleados que irremediablemente tuvieron que dejar de trabajar tras el cierre de las salas el pasado mes de marzo».
«Es difícil explicar a tus trabajadores que tienen que seguir en un ERTE mientras ven como en otros sectores de similares características ya están trabajando. Afrontamos diariamente la incertidumbre de si se producirá la autorización de apertura o no en un plazo menor de 24 horas, sin un aviso previo que permita adecuar las salas e incorporar a los empleados para la apertura», ha añadido Landaluce.
«Desde el primer momento, se ha demostrado un esfuerzo de colaboración con las entidades públicas y la adaptación de sus locales a todas las medidas necesarias bajo un estricto control de acceso y seguridad. Así que, únicamente se entiende esta falta de consideración como parte de la estrategia de discriminación que sufre desde hace tiempo el sector privado por parte del Gobierno en su defensa paralela del juego público o semipúblico», ha defendido Cejuego.
Finalmente, ha avisado de que «este trato y las decisiones tomadas sobre el sector no afectan al ente del juego privado, sino a los más de 47.000 empleos directos y más 174.500 empleos indirectos que se desarrollan en el sector y que han sido duramente afectados por los ERTE derivados del COVID-19».
