Fue una noticia que golpeó fuerte a más de 3.000 empleados directos. Llevaba meses planteándose la posibilidad de que la planta de Nissan en Barcelona cerrara. Y pese a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró hace meses que eso no pasaría (después de haber mantenido una reunión con los directivos del gigante japonés), Nissan ha decidido cerrar su planta en Cataluña y poner pies en polvorosa de Europa. Aún así, el vicepresidente Pablo Iglesias lanzó una idea que arrojaba un halo de esperanza a los más afectados por este cierre: nacionalizar la planta. Sin embargo, se ha quedado en cantos de sirena y todo parece indicar que el Gobierno no hará nada para evitar que la fábrica eche el candado.
Algunos expertos consideran que este será el primero de muchos cierres del ámbito automovilístico. Y a pesar de que el Gobierno haya deslizado la idea de que es posible una nacionalización de la planta de Nissan, lo cierto y verdad es que va en contra de los planes que tiene el Ejecutivo para el futuro del país, ya que su prioridad será la de fomentar una salida verde a la crisis e impulsar el vehículo eléctrico. Por lo que los 3.000 trabajadores tendrán que decir, previsiblemente, adiós a su antiguo puesto de trabajo ya que el Gobierno no tomará esas medidas tan contundentes que se pidieron desde algunos partidos políticos.
Entre quienes se mostraron a favor de esa afirmación en la que Iglesias decía que era posible apropiarse de la factoría, está el diputado y portavoz de ERC Gabriel Rufián, el líder de Más País, Íñigo Errejón, o algunos miembros de la CUP. El líder de Unidas Podemos señaló que las nacionalizaciones eran «perfectamente posibles» en la legislación española, y aunque no llegó decir alto y claro que iba a intentar hacer lo propio con Nissan, sí que dejó la veda abierta para que muchos se plantearan que era posible y dar esperanzas a los trabajadores.
Ahora, fuentes del Gobierno aseguran que pese a que es una posibilidad que está encima de la mesa, no ven del todo viable aplicar una nacionalización en la planta de Nissan. No de momento. Y pese a las protestas de los trabajadores y de miembros de la oposición se hayan recrudecido por la cantidad de empleos directos e indirectos que están en juego, hay necesidades mucho más urgentes, ya que el Gobierno estima que su deuda se disparará al 120% del PIB a finales de 2020.
Hay dinero que vendrá de Europa, concretamente alrededor de 140.000 millones que llegarán a las arcas del Estado (la mitad a fondo perdido y la otra en forma de créditos), pero de esa liquidez no parece que se vaya a emplear en nacionalizaciones.
El mayor «gesto» del Gobierno para evitar que Nissan cierre su planta ha sido mandarle una carta al presidente de la compañía japonesa. La portavoz del grupo socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha promovido una iniciativa para que el presidente de la multinacional Nissan, Makoto Uchida, se apiade de los trabajadores y mantenga abierta la planta. El plan de Lastra ha sido apoyada por muchos diputados de diferentes signos políticos.
El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique; el portavoz de ERC, Gabriel Rufián; la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo; el portavoz del PNV, Aitor Esteban; la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurúa; el portavoz de Más País, Íñigo Errejón; el portavoz de Compromís,Joan Baldoví; el portavoz de Cs,Edmundo Bal, la portavoz de JxCat, Laura Borràs; el portavoz de Unión del Pueblo Navarro, Carlos García; la portavoz de Coalición Canarias,Ana Oramas; el portavoz de Nueva Canarias, Pedro Quevedo; el portavoz del PRC, José María Mazón; el portavoz de Foro Asturias, Isidro Martínez y el portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, han apoyado la carta.
Aunque todo parece indicar que los esfuerzos del Gobierno no excederán el hecho de enviar una carta a Uchida, sí que quieren evitar que se desangre el sector del motor en España. Pero desde luego, no parece que será a golpe de nacionalización.
