La Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura ha dado cuenta este miércoles al Consejo de Gobierno autonómico de la tramitación, por el procedimiento de emergencia, de la contratación de material sanitario con motivo de la crisis de la Covid-19, por importe global de 2.142.293,64 euros.
Se trata de la segunda «gran compra» de material de dicho tipo que realiza la Junta de Extremadura, que acometerá «cuantas (compras) sean necesarias» para dar respuesta al Covid-19 en el ámbito de la salud, en un momento en el que «todavía» el «conjunto» de las administraciones públicas están «luchando» contra la pandemia, según ha defendido en rueda de prensa este miércoles tras el Consejo de Gobierno autonómico la consejera de Igualdad y portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña.
Concretamente, la Consejería de Sanidad ha informado al Consejo de Gobierno de 36 procedimientos en los que se incluye la adquisición de respiradores, tests rápidos para la detección de la Covid-19, suministro de mascarillas quirúrgicas y mascarillas FFP2, batas impermeables desechables, tela impermeable para la confección de batas, delantales de propileno y guantes de vinilo, entre otros materiales.
«En definitiva, es la gran segunda compra que hace la Junta de Extremadura en este sentido, y haremos cuantas sean necesarias para dar una respuesta desde el ámbito de la salud como prioridad absoluta de este gobierno, estando todavía en Fase 3 como estamos, y por tanto estando todavía luchando contra el Covid como estamos desde el conjunto de las administraciones públicas», ha señalado Gil Rosiña.
Con ello, la adquisición de todo este material se justifica, según el Ejecutivo autonómico, en la necesidad de limitar la propagación del virus y asegurar la salud de los usuarios y del personal que presta servicio en los centros sanitarios del Servicio Extremeño de Salud (SES).
De este modo, la contratación se basa en las recomendaciones científicas y de las autoridades sanitarias, con medidas «proporcionadas y ajustadas a las necesidades» para evitar situaciones de desabastecimiento que puedan producirse en dichos centros ante el aumento en el consumo de los bienes que se pretende contratar, dada la situación planteada con la pandemia de la Covid-19.
