La abogada de los exdiputados de JxSí y exmiembros de la Mesa del Parlament acusados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Judit Gené, ha argumentado este viernes que sus clientes «no actuaron con ánimo de desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) sino con ánimo de respetar el derecho fundamental» de los impulsores de iniciativas legislativas, dentro del proceso soberanista.
En su informe final, la abogada de Lluís Corominas, Ramona Barrufet y Lluís Guinó ha expresado que, al tramitar leyes independentistas desde la Mesa del Parlament, actuaron «en defensa del Parlament y de la legitimidad de los diputados, los grupos parlamentarios y de las personas que votaron la composición de este órgano legislativo».
«No hay un derecho fundamental a la constitucionalidad, hay un derecho fundamental a la participación política», ha sentenciado Gené, que pide la absolución para sus tres defendidos.
Ha destacado que los tres diputados, al actuar desde la Mesa del Parlament, lo hacían amparados por la inviolabilidad parlamentaria, ya que votar estas iniciativas legislativas es un acto político, de naturaleza parlamentaria, y no administrativo.
«La inviolabilidad parlamentaria está recogida por la ley y es la ley que dice que cuando mis representantes actúan en esta condición, actúan amparados por una prerrogativa que los ampara», ha insistido la abogada.
Ha indicado que ello radica en «los derechos fundamentales de la libertad de opinión, ideológica, de poder defender en un parlamento, de manera democrática y pacífica, todas las ideas que sean respetuosas con los derechos fundamentales».
Así, Gené ha argumentado: «No se nos puede decir que somos desobedientes porque estamos sometidos al imperio de la ley cuando es esta ley la que precisamente nos garantiza que tenemos esta inviolabilidad parlamentaria».
Según ha resaltado, los tres parlamentarios no querían «ponerse por encima de nadie ni ampararse en un poder legislativo para ser inmunes ante la ley, sino que entienden que la ley les permitía actuar de la manera que lo hicieron».
La abogada ha reivindicado que la jurisprudencia del TC sobre el papel del órgano rector indicaba que no debía entrar en el fondo de las iniciativas ni hacer ningún juicio de constitucionalidad para no incidir en el derecho de participación política, y que esta doctrina cambió en 2015 a raíz del proceso soberanista.
Ha indicado que, sin embargo, la doctrina no quedó plenamente fijada hasta 2019, por lo que ha pedido a los magistrados que conforman el tribunal que se coloquen en el momento de los hechos, cuando «no existía esta claridad» sobre el papel de la Mesa en cuanto a su deber de no tramitar propuestas abiertamente inconstitucionales.
«Ellos consideraban que había una doctrina del TC que les amparaba» al admitir resoluciones y leyes dentro del proceso independentista, y de hecho, según Gené, sí que cumplieron en algunos casos en lo que les pedía el tribunal de garantías al haber estudiado las iniciativas y argumentar por qué las tramitaban.
