Con denuncias interpuestas a ministros de Sánchez (Celaá y Marlaska), guerras abiertas con administraciones del PP (Junta de Castilla y León), y una atención mediática en crescendo desde su trifulca con el actor Willy Toledo, la asociación Abogados Cristianos está al pie del cañón desde hace meses, luchando contra lo que consideran vulneraciones a la libertad religiosa en España. El bufete, que ha denunciado violaciones de derechos también durante la pandemia, avisa que animarán a los fieles a asistir a la misa del gallo esta Navidad, pese a que viole el toque de queda impuesto. Su presidenta, Polonia Castellanos, cuenta a Moncloa.com la visión del despacho.
Preguntando a Castellanos por la hoja de firmas organizada por el colectivo religioso Enraizados, con la que piden permiso para celebrar la tradicional misa del gallo, pese a su incompatibilidad horaria con el toque de queda (se celebra la noche del 24 de diciembre), Polonia indica que, independientemente de Enraizados, ella misma piensa acudir sí o sí a la ceremonia.
“Animo a que todos vayan a la misa del gallo. Yo de hecho voy a acudir”, asegura la abogada. Niega que estén reclamando un trato especial, indicando que no tampoco se trata de una cuestión de permisibilidad, sino de «derecho fundamental», tanto de celebrar esa misa como cualquier otra.
Castellanos explica que Abogados Cristianos no tiene una predilección política a la hora de interponer querellas. Prueba de ello es su denuncia al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado (Ciudadanos), en 2019. No obstante, señala que lo del ministro del Interior, Grande-Marlaska, ha sido un «acoso y derribo» en cuanto a las restricciones a las misas en periodo de pandemia.
El Tribunal Supremo no ha dado la razón al bufete, que denunció al ministro este año. No obstante, recurrirán el fallo al Constitucional. Preguntada por si esta decisión no va motivada más bien a generar ruido mediático, por las pocas probabilidades de que el TC falle a su favor teniendo ya la negativa del TS, Polonia asegura que su meta es el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, ya que ambos tribunales superiores españoles están «muy politizados».
«Con Zapatero empezó toda esta deriva pro-muerte y laicista y de ingeniería social, y se ha ido continuando»
«Sinceramente», reconoce Castellanos, «no esperamos un resultado diferente» en el Constitucional, dice. No obstante, esperan que desde Europa hagan las diligencias que no se han hecho en España, algo que considera «muy irregular». Quieren «que por lo menos se investigue», asegura, dado que en España «no se cumple el artículo 9» de la Constitución, sobre la igualdad ante la ley de todos los españoles.
Todo esto ocurre en contexto de un descontento general sobre el trato a las ceremonias religiosas durante la pandemia y estado de alarma. Polonia explica que las limitaciones del gobierno de PP y Cs en Castilla y León por las que limita el aforo a 25 personas en iglesias de Valladolid y Salamanca, son inconstitucionales. Igual con el máximo de 15 personas en iglesias de Burgos.
Alerta así de un «doble rasero» en estos casos, citando la reunión del sindicato UGT en Valladolid que aglomeró a 150 personas, según apunta.
VISIÓN DE OLYMPE ABOGADOS
En contraste con la perspectiva de Abogados Cristianos, Moncloa.com contacta con el despacho Olympe Abogados, un bufete que se define como «feminista y LGTBI friendly», para conocer su diferente postura.
El director jurídico de Olympe, Isaac Guijarro, explica que «el toque de queda no solo limita el derecho de los cristianos, sino el de todos». Se trata de una pandemia que afecta a «todos por igual», con una situación en la que todos convivimos con «derechos limitados». Por ello, no termina de ver justificado el planteamiento de Polonia, recordando que «incluso en el Código Penal tiene privilegio la religión, puesto que hay un apartado en el que se castigan actividades» en contra del sentimiento religioso, que por ejemplo no existe para los «sentimientos del colectivo LGTBI o para los sentimientos de las mujeres».
«La religión está muy maleducada»
En este contexto, desde Olympe opinan que el apoyo de Polonia a franquear el toque de queda para celebrar la misa del gallo incurre en una irresponsabilidad social, por la que se le podría aplicar una fracción administrativa (que no un delito, al no figurar en el código penal). En conclusión, indican que los religiosos «no tienen más derecho que otros colectivos a reunirse».
Sobre llevar a Marlaska ante tribunales europeos, Guijarro apunta que desde Europa han dado toques a España por, justamente, lo contrario; «por dar mayores privilegios a derechos de religión frente a otros». En este sentido, juzgan que Abogados Cristianos es una asociación más politizada de lo que estarían el TS y el TC, según Castellanos. «La religión está muy maleducada» en España, deslizan, en cuanto a privilegios que no se dan en otros países europeos.
ABOGADOS CRISTIANOS HACE AUTOCRÍTICA DE LOS CREYENTES
Abogados Cristianos nació en 2008, bajo el mandato del socialista Zapatero. Por ello, y en tanto que Castellanos señala que no atacan a partidos políticos ni personas en concreto, le pedimos comparar aquella legislatura con la actual, y el trato a la religión en este periodo.
«Con Zapatero empezó toda esta deriva pro-muerte y laicista y de ingeniería social, y se ha ido continuando», indica, y así hasta la legislatura actual en la que este proceso «se ha acelerado muchísimo» con el mandato de Sánchez. Sin embargo, Polonia apunta: «El Gobierno de Rajoy no ha sido un paréntesis», ya que continuaron algunas reformas hechas por Zapatero, como la ley del aborto.
En contexto de la independencia política que señalan desde la asociación, preguntamos entonces si en los últimos años se ha producido, en general por la élite política, un deterioro del derecho religioso: «En parte es culpa de los católicos, y en parte de la Justicia», señala la presidenta. «A los católicos se les ha atacado», y se ha actuado ‘como si no pasara nada’. «Incendias iglesias, insultas a sacerdotes» y no ha habido represalias por parte de los creyentes. Por ello, los ataques al colectivo religioso son «responsabilidad de todos».
La «deriva anticristiana y laicista viene porque durante mucho tiempo se ha permitido atacar a los cristianos sin consecuencia», resume Castellanos.
