La crisis del coronavirus tiene un coste emocional para los docentes. El 85 por ciento de los atendidos por el servicio del Defensor del Profesor del sindicato ANPE presentaban unos niveles de ansiedad provocados, además, como consecuencia de la situación sanitaria extraordinaria y un 15% estaba de baja laboral.
Estos son algunos de los datos que se extraen de las estadísticas del curso 2019-2020 del Defensor del Profesor Comunidad Valenciana. Este recurso da atención inmediata y gratuita para docentes víctimas de situaciones de conflictividad y violencia en las aulas.
Respecto a la Comunitat Valenciana, de las actuaciones realizadas en el curso pasado, el 34,6% corresponde a profesorado de Primaria, el 42,3% a Educación Secundaria, el 15,4% a Formación profesional y el 7,7% restante se reparte entre otras enseñanzas.
En ese ejercicio escolar ha habido una disminución de actuaciones, al igual que en el resto del territorio, debido a la situación de crisis sanitaria y de confinamiento domiciliario por parte de profesores y alumnos en el último trimestre del curso. No obstante, recalcan desde ANPE, «los datos indican que las situaciones de conflictividad están lejos de erradicarse en nuestros centros escolares».
En cuanto a la tipología de los casos atendidos, de los correspondientes a los alumnos destacan las faltas de respeto con un 24%, seguidas de las amenazas y acosos con un 20%. En las relacionadas con los padres, destacan las amenazas con acoso y falsas acusaciones ambas en un 12%.
Este incremento, señalan, se ha producido «como consecuencia del aumento de la comunicación entre los padres a través de las nuevas tecnologías sobre todo en el último cuatrimestre, como consecuencia de la situación de emergencia sanitaria y confinamiento que hemos vivido en nuestro país», explican. Además, en un 4% de los casos ha sido necesario un expediente disciplinario del alumno.
Las consecuencias de las situaciones destacadas, y en especial, en este curso escolar donde los profesores y los alumnos han vivido «una situación de confinamiento domiciliario sin precedentes en la historia reciente de nuestro país, conllevan un importante coste emocional para el docente, lo que en muchas ocasiones lleva a un deterioro de la salud mental de maestros y profesores».
En este sentido, el sindicato apunta que el 85% de los casos atendidos presentaban unos niveles de ansiedad provocados, además, como consecuencia de la situación sanitaria extraordinaria y un 15% estaba de baja laboral.
Estos datos «trascienden al propio docente, puesto que un profesor con estado emocional alterado, además del sufrimiento personal que debe soportar, reduce significativamente su rendimiento profesional».
Por otra parte, ANPE y El Defensor del Profesor advierten de que vienen observando un aumento de las enfermedades asociadas al estrés y la ansiedad, y la situación actual de alerta sanitaria no ayuda.
ENSEÑANZA ONLINE
«La adaptación tan rápida e inesperada a la enseñanza online que sustituye a la enseñanza presencial en el último trimestre del curso pasado, la falta de regulación del teletrabajo, la ausencia de feedback con el alumnado y las familias, el mal uso de las redes sociales, la planificación tardía de protocolos sanitarios, la ausencia de adaptación al puesto de trabajo para el personal vulnerable, entre otras, suponen un coste emocional adicional para los docentes y puede llegar a reducir significativamente su rendimiento profesional», sostienen.
ANPE y El Defensor del Profesor reiteran la necesidad de elaborar un Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar que debería contar con «la ineludible obligación de los equipos directivos, ante el conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, de informar a la Dirección Provincial de Educación correspondiente, así como al Ministerio Fiscal».
Abogan también por un programa de prevención de acoso escolar que contemple la aceleración de los protocolos de protección a las víctimas y un plan de detección precoz de los problemas de convivencia en los centros educativos; la actualización y cumplimiento de los Decretos de convivencia, así como las Planes de convivencia y los Reglamentos de los centros; protocolos de actuación ante agresiones al personal docente de los centros sostenidos con fondos públicos y un plan específico de formación del profesorado para la prevención y detección de conflictos relacionados con la convivencia escolar.
Asimismo, solicitan el reconocimiento de la ansiedad, la depresión y el estrés como enfermedades profesionales de los docentes siempre que se deriven de situaciones de acoso, estableciendo estas situaciones como accidentes laborales y un compromiso por parte de la administración para el tratamiento rehabilitador y educativo de los alumnos agresores.
