El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha urgido a revisar el sistema para la obtención de citas de extranjería para que los migrantes puedan tramitar o renovar sus tarjetas de identificación, la cuestión sobre la que más quejas ha recibido la institución en materia migratoria en 2020.
«Resulta preciso abordar sin más demora un plan de choque que tenga en cuenta la realidad de cientos de miles de ciudadanos extranjeros que, de manera obligatoria, han de renovar su documentación o, en el caso del régimen comunitario, la obtención de su certificado de registro», ha subrayado el Defensor del Pueblo en su balance anual con motivo del Día del Migrante.
Según ha precisado, de acuerdo con el número de quejas recibidas, «sin duda, esta es la cuestión que más ha preocupado a los ciudadanos extranjeros, residentes en España, que durante 2020 se han dirigido al Defensor del Pueblo».
En un primer momento, las quejas iban referidas, fundamentalmente, a la imposibilidad de conseguir cita en la policía por trámites relacionados con las solicitudes de protección internacional. Sin embargo, apunta que, durante 2020, se han sumado las de «cientos de residentes legales que, de manera incesante» se han dirigido al Defensor del Pueblo, «exponiendo la imposibilidad de acceso a una cita previa en las comisarías de Policía de sus lugares de residencia».
En estos momentos, la institución mantiene actuaciones abiertas por la imposibilidad de acceso a citas previas en las comisarías de Policía de 22 provincias españolas. En función del número de quejas recibidas, al Defensor del Pueblo le «preocupa especialmente» la situación de Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Baleares.
Otro de los temas que ha acaparado las actuaciones del Defensor este año ha sido el de las llegadas de migrantes en situación irregular. Tal y como dice Fernández Marugán, «el año que termina, será recordado sin duda como el año de la pandemia» pero también como «el año en el que, a pesar de la alerta sanitaria mundial y del impacto económico devastador causado por el COVID-19, casi 40.000 personas (a 15 de diciembre) llegaron a España de manera irregular».
EFECTO EXPULSIÓN
Fernández Marugán precisa que, lejos del argumento del «efecto llamada» que «se esgrime una y otra vez», es más bien un «efecto expulsión, por la situación que se vive en los países de origen, lo queempuja a miles de personas a arriesgar sus vidas lanzándose al mar».
El Defensor también muestra su preocupación por «un buen número de personas» que no pueden ser retornadas a sus países de origen de manera inmediata por la pandemia, y quedan en «situaciones de precariedad y marginalidad».
Por ello, reclama que se les facilite «una constanciaescrita de la imposibilidad temporal de materializar la decisión de retorno» que evite, por un lado, constantes traslados a dependencias policiales y, por otro, que facilite una gestión «racional yeficaz» de los recursos de acogida humanitaria.
Asimismo, otro de los asuntos que ha motivado quejas a la institución este año ha sido el Reglamento de extranjería y la petición de su reforma. En concreto, las protestas se refieren a «la interpretación restrictiva de la norma que realizan las distintas oficinas de extranjería» y «que el desarrollo reglamentario de algunos artículos dificulta la incorporación al mercado laboral de dos colectivos: los menores extranjeros, en edad laboral y los familiares reagrupados».
MUJERES MIGRANTES CUIDADORAS
Fernández Marugán también ha apreciado que las condiciones laborales del sector de los cuidados, mayoritariamente ocupado por mujeres migrantes, «dificultan gravemente» el acceso y mantenimiento de la regularidad documental, así como para conseguir la reagrupación familiar.
Por otro lado, el Defensor también ha recibido quejas relacionadas con la irregularidad sobrevenida, la mayoría de las cuales, se refieren a ciudadanos extranjeros, quienes, tras pasar varios años como solicitantes de asilo, ven denegada su solicitud y caían en la irregularidad documental, a pesar de su plena integración en la sociedad y de su incorporación al mercado laboral en muchas ocasiones.
Fernández Marugán celebra que, tras más de cinco años alertando acerca de esta situación, «finalmente» en 2020 la Administración ha aceptado la recomendación formulada por el Defensor del Pueblo, admitiendo la compatibilidad entre los procedimientos de protección internacional y las solicitudes de residencia por arraigo.
Igualmente, aplaude que en marzo, a través de una instrucción dictada por la Dirección General de Migraciones, se corrigió la práctica, reiteradamente denunciada por el Defensor del Pueblo, de no autorizar atrabajar a los menores extranjeros no acompañados, mayores de 16 años.
Unas semanas después, se decretó el estado de alarma y el Defensor del Pueblo propuso a Interior e Inclusión, facilitar la incorporación al mercado de trabajo (en los sectores de cuidados, agrario y sanitarios) a ciudadanos extranjeros, residentes legales en España, que no estaban autorizados a trabajar, una propuesta que fue parcialmente aceptada, solo respecto al sector agrario y a los jóvenes extranjeros entre 18 y 22 años, con autorización de residencia no lucrativa en vigor.
NIÑOS NO ESCOLARIZADOS EN MELILLA
Finalmente, el Defensor señala en su balance que, durante 2020, han continuado las advertencias y sugerencias para conseguir la escolarización de un grupo de menores que, a pesar de haber nacido en Melilla en su práctica totalidad, arrastran las consecuencias de ser hijos de mujeres en situación irregular que se encuentran en la ciudad durante años, e incluso décadas, «en una situación de total invisibilidad administrativa y exclusión social».
La institución recuerda una de las quejas representativa de la problemática, la de una mujer marroquí, residente habitual en Melilla desde hace más de 15 años, con tres hijos menores a su cargo nacidos en esa ciudad. Los menores no están escolarizados y ningún miembro de la familia está empadronado ni tiene tarjeta sanitaria. La interesada ha solicitado hasta en cuatro ocasiones una autorización de residencia por arraigo social que ha sido denegada, entre otros motivos, por carecer de empadronamiento.
El Defensor recuerda que las actuaciones se iniciaron en julio de 2019 con carácter de urgencia, con el fin de evitar que comenzara el curso escolar sin la escolarización de estos menores pero, «desgraciadamente, el año 2020 finalizará sin que la mayoría de ellos estén escolarizados».
