La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha sugerido este miércoles que el Ministerio Fiscal recurrirá el acuerdo del Departamento de justicia de la Generalitat de Cataluña en el que se acuerda conceder el tercer grado a los presos del ‘procès’.
En una entrevista en Onda Cero, Delgado ha asegurado que la Fiscalía General del Estado irá «en la línea» del Tribunal Supremo, que el pasado 4 de diciembre acordó revocar el tercer grado penitenciario concedido a los 9 condenados por sedición al considerar que se trataba de una medida prematura.
Con todo, Delgado ha descartado pronunciarse con claridad a este respecto al considerar «imprudente» el adelantarse al «estudio realizado por unos compañeros especializados en vigilancia penitenciaria», que están trabajando para que este caso no tenga «derivadas políticas».
«Con toda la profesionalidad, analizando», ha continuado, explicando que la FGE cuenta con unas «resoluciones» que dan «una vía de interpretación legal». «Es el Tribunal Supremo, ni más ni menos», ha añadido.
En este contexto, Delgado ha explicado que todavía no se les ha notificado la «resolución administrativa de la Generalitat» sobre la concesión. «Cuando recibamos la notificación, que debe ser completa, se estudiará por los compañeros como se está haciendo y se emitirá el preceptivo recurso como proceda», ha avanzado.
DESCARTA OPINAR SOBRE LA CONCESIÓN DEL TERCER GRADO A LOS PRESOS
Preguntada sobre si es normal que la Fiscalía todavía no tenga la notificación, toda vez los condenados están en la calle, Delgado ha aseverado que los plazos son «normales». «Esta tramitación tiene una regulación un tanto difusa y no tenemos claramente unos plazos preclusivos que deban cumplirse», ha sostenido.
Asimismo, Delgado ha descartado referirse a la decisión de la Generalitat de conceder el tercer grado pese a que el TS avisase de que no se había cumplido una parte sustancial de la pena. «No puedo hacer juicios de valor sobre lo que hace o no. Nos ajustamos y ceñimos a la jurisprudencia, la norma y sobre todo a la Ley: ni más ni menos, ni menos ni más», ha apostillado.
Por otro lado, la fiscal general del Estado se ha referido a los indultos a los presos independentistas y al informe desfavorable de los fiscales del TS a la concesión de los mismos. En esta línea, Delgado ha recordado que «es una prerrogativa del Ejecutivo», quien tiene que «determinar si concurren las razones de equidad y justicia que establece la propia ley».
«Lo demás son las valoraciones que hacen las partes que han intervenido y después lo hará también el tribunal y también antecedentes penales. Los fiscales que emitieron este informe fueron los que acudieron al juicio oral porque esta es una norma no escrita que existe en el usus fori de la Fiscalía. Aquellos que han participado en juicio oral son los que están en mejores condiciones de emitir informe. Los fiscales como pueden comprobar tienen autonomía», ha explicado.
RECONOCE UNA «DISCUSIÓN JURÍDICA PROFUNDA» SOBRE LA AMNISTÍA
Por último, Delgado ha rechazado manifestar su posición sobre los indultos recordando que en su etapa como ministra de Justicia encomendó a la Abogacía del Estado el «desarrollo de esta causa». «Creo que no debo manifestarme en ninguno de los sentidos», ha apuntado, insistiendo en que es el Consejo de Ministros el que valorará el «expediente, los hechos y las circunstancias» para tomar una decisión.
En cuanto a si es posible una amnistía para los condenados, Delgado ha explicado que la Constitución «no hace referencia de manera directa» a la misma, y ha reconocido que existe una «discusión jurídica profunda» sobre si sería posible aplicarla. «Hay juristas que hacen referencia a la amnistía a través de una ley, que se establezca una ley de amnistía», ha señalado.
Así, la Fiscal General del Estado ha pedido distinguir de manera clara la figura del indulto y de la amnistía, en tanto que ambas «tienen distintas consecuencias y distinto origen». «El indulto puede ser individual y parcial, de parte de la pena. La amnistía hace desaparecer el hecho origen», ha recordado.
En esta línea, Delgado ha apuntado que la amnistía se «produjo con la ley del año 77», utilizada «a veces en las dictaduras para lograr impunidades». «Son dos figuras distintas. La Constitución prohíbe los indultos generales. Esto ha dado lugar a que hay un gran debate constitucional y tiene consecuencias y efectos distintos», ha apostillado.
