El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado este jueves que el 70% de las solicitudes del Ingres Mínimo Vital (IMV) que se han denegado en estos nueve meses superaban en hasta un 50% el máximo de renta determinado para ser beneficiario de esta medida y el 40% de ellas lo hacía en más del doble.
En este sentido, se ha referido a las solicitudes realizadas por hogares unipersonales que son, según han explicado, uno de los sectores cuyas denegaciones superan la media. En este caso, el límite de renta garantizada para 2021 sería 5.638 euros y, según ha apuntado el ministro, en el 50% de las solicitudes los reclamantes tenían una renta de más de 10.000.
Así lo ha explicado durante su comparecencia en la comisión del ramo del Senado, en donde ha hecho un repaso de cómo su departamento puso en marcha esta medida durante la pandemia, a pesar de que, como ha indicado, se pretendía desarrollar a lo largo de la legislatura.
En su exposición ha recordado las modificaciones que se han ido realizando en los últimos meses para paliar las deficiencias que presentaba el IMV para llegar a todos los hogares que el Gobierno había previsto, unos 850.000 en toda España. Además, ha señalado que esta iniciativa ha permitido «una nueva forma de trabajar entre administraciones» en cuanto a cruces de datos.
LA OPOSICIÓN CRITICA LA GESTIÓN
Así, ha indicado, de los 1,2 millones de solicitudes, aproximadas, recibidas en nueve meses unas «565.000» han sido ya aceptadas. De ellas, casi la mitad –250.000– tienen como beneficiarios a menores de edad. Eso se debe a que, en siete de cada diez hogares a los que se les ha concedido la prestación hay niños. De estos, el 32% son familias monoparentales, según ha indicado.
Estas cifras no han convencido a la oposición que ha centrado su discurso en este tema en criticar su gestión. La senadora del PP Mercedes Fernández, ha calificado de «caos» la situación que viven las familias que han solicitado esta prestación, las cuales, según ha denunciado, sufren de «frustración» ante la «falta de respuesta o respuesta negativa» a sus peticiones.
Los mismos términos ha usado el representante de Mes Per Mallorca, VicenÇ Vidal, quien ha reprochado, además, a Escrivá que en sus intervenciones en estos meses esté descargando parte de los problemas del IMV en las autonomías. «Su gestión ha dejado que desear y ha provocado que comunidades autónomas y ayuntamientos asuman los costes que debería haber asumido el Estado», ha declarado.
La representante de Ciudadanos, Carlota Santiago, por su parte, ha denunciado que el Ministerio que dirige Escrivá no dé datos actualizados de esta medida desde diciembre y le ha pedido que piense en «las colas de hambre que aumentan». Del mismo modo, le ha llamado a mejorar la prestación teniendo en cuenta los ingresos del año en curso y a decretar una «pasarela» que una la Administración central con las autonómicas.
PROPÓSITO DE CONSEGUIR EL OBJETIVO FINAL
Sin embargo, el ministro no ve la situación como los senadores y ha insistido en que, ahora, son casi 600.000 personas las beneficiarias del IMV, gracias a una medida que, ha insistido, se ha puesto en marcha de forma precipitada por la pandemia.
«Dennos un poco de tiempo», ha reclamado el responsable de Inclusión, antes de recordar que se están comparando las rentas mínimas autonómicas «que llevan 30 años» con el IMV que lleva «nueve meses» en funcionamiento.
Según ha explicado, su objetivo es «articular el modelo» que tenían pensado en un principio y que tiene como objetivo que las familias que soliciten esta ayuda lo hagan en una «ventanilla única» que les plantee una protección integral. Eso es, que el Estado sea quien les proporcione la prestación cubriendo «el mínimo nacional», mientras las autonomías prestan ayudas «subsidiarias» a las que el Gobierno no puede, como personas en situación irregular, en situación de pobreza sobrevenida a corto plazo que el Estado no puede comprobar, entre otras.
«Y esto lleva tiempo no se puede improvisar», ha explicado Escrivá, para indicar «los tiempos de despliegue son los que son» y que esta medida debe llevarse a cabo con «rigor» para «no tener los problemas en el pasado».
