La decisión del Constitucional arrincona a los barones que han cogido el gusto a las restricciones

Si te pusieron una multa durante el confinamiento y aún no la has pagado, no tendrás que hacerlo. Y si lo hiciste, podrás reclamar tu dinero porque la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de meter en sus casas a todos los españoles es ilegal, tal y como ha detallado el Tribunal Constitucional. El problema no es solo que las más de 1,1 millones de sanciones se hayan quedado sin cobertura legal, sino que hay alguno que otro presidente autonómico que le ha cogido el gustillo a limitar derechos fundamentales a los españoles, como el de libre circulación. El confinamiento fue ilegal no porque estuviera mal, sino porque el presidente no estuvo sometido a los controles parlamentarios necesarios, según el fallo del Constitucional. Todos los españoles multados se librarán de las multas, previsiblemente.

el Constitucional dice que las multas impuestas durante el confinamiento no tienen validez

El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, está en el punto de mira del Constitucional. Puede que el Tribunal Superior de Justicia de su autonomía avale las medidas restrictivas que Puig sigue adoptando incluso sin el estado de alarma vigente, pero lo cierto es que si el Constitucional dice que las multas impuestas durante el confinamiento (con un estado de alarma vigente aprobado por mayoría en el Congreso de los Diputados) no tienen validez, las medidas adoptadas ahora por la autonomía valenciana aún menos. No se pueden violar sistemáticamente los derechos fundamentales a no ser que sea un estado de excepción. Si tampoco fue legal hacerlo durante un estado de alarma, menos sin él. Y Puig está en la cuerda floja. Él y otros barones que le han cogido el gusto a limitar los derechos de los españoles.

Ahora, 1,1 millones de multas están en el aire. Aún no se ha publicado de forma oficial el fallo del Constitucional, pero tan pronto se haga llegará una avalancha de reclamaciones que obligará al Estado a devolver el dinero a los españoles que fueron sancionados por simplemente salir de su casa. Recordemos que la Guardia Civil y la Policía Nacional multaban tan solo por ir a comprar comida a un supermercado que estuviera más lejos de lo «normal». Pues bien, todo eso fue ilegal y el Gobierno tiene que hacer frente a ello.

«La mayor vulneración de derechos de la historia fue inconstitucional. Solo VOX votó en contra. Solo VOX recurrió ante el Tribunal Constitucional para defender los derechos y libertades de los españoles», ha comentado el presidente de Vox, Santiago Abascal. «Pablo Casado lo advirtió y el Tribunal Constitucional lo confirma. El estado de alarma fue inconstitucional y las Comunidades Autónomas no saben qué aplicar ahora para luchar contra el virus. La respuesta jurídica a la pandemia ha sido un completo fracaso del Gobierno», ha comentado el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea.

Tras esto, desde el PSOE temen que no se quede solo aquí, sino que sus barones paguen las consecuencias de la ristra de restricciones que no han dejado de tomar estos días. Puig a la cabeza, hay una serie de dirigentes socialistas que han cogido el toque de queda y la limitación del derecho de reunión como banderas para hacer política incluso ahora.

LA REVUELTA DE UNIDAS PODEMOS

Los partidos del Gobierno (el PSOE y Unidas Podemos), no han tardado ni medio segundo en reaccionar al fallo del Constitucional. Esgrimen argumentos en los que recuerdan que quienes forman este tribunal son perfiles excesivamente conservadores y acusan al organismo público de favorecer los intereses de la derecha. Algunos, como el exsecretario de Organización de Podemos Pablo Echenique ya hablan de Tribunal Voxtitucional, en un alarde de originalidad. En cualquier caso, la formación morada ha reaccionado casi con la misma vehemencia que cuando recuperan el concepto lawfare para criticar las sentencias del Tribunal Supremo. Vamos, que han visto una excusa para meterse con los jueces otra vez.

«El mismo día, el Tribunal Constitucional impide localizar la fosa de García Lorca y tumba el estado de alarma que salvó cientos de miles de vidas. Ya puestos, que se cambien directamente el nombre a Tribunal Voxtitucional y se presenten a las elecciones», ha asegurado Echenique en Twitter, su herramienta principal para hacer política. «El Tribunal Constitucional demuestra que tiene más de Tribunal que de Constitucional. Si hubiera decencia en la Justicia, no solamente no se fallaría a favor de Vox tan frecuentemente sino que, además, está foto de Vallecas terrible no existiría. Pero el TC es está en otra», ha asegurado el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero.

Algunos dirigentes, como la flamante secretaria general de Podemos, Ione Belarra, han aprovechado la coyuntura para hacerse un lío y confundir el Tribunal Constitucional con el Consejo General del Poder Judicial. Pero ya pocos se lo han tenido en cuenta acostumbrados a las críticas de este partido. «El estado de alarma salvó cientos de miles vidas durante los momentos más duros de la pandemia. Hicimos lo que había que hacer. En España la oposición al Gobierno la están ejerciendo los jueces. Es una cuestión de higiene democrática renovar el Consejo General del Poder Judicial».

EL PSOE, ARRINCONADO

Entretanto, el PSOE ha estrenado a su ministra de Justicia para recordar que ese ilegal estado de alarma salvó 450.000 vidas. Sin embargo, lo que no reconocen de forma oficial es que lo que critica el Constitucional es la forma en la que se aplicó el estado de alarma y cómo se prorrogó. Pilar Llop, la titular de Justicia, salió en un discurso poco entrenado criticando de forma velada al Constitucional sin dejar títere con cabeza. Ahora tendrá que hacer frente a la devolución de las sanciones que con tanto gusto puso el Ejecutivo a los españoles mientras ellos no rendían las cuentas necesarias en el Congreso de los Diputados para dar el amparo necesario.