sábado, 25 septiembre 2021 12:14

Piden la nulidad de la investigación del Titán III por no existir autorización para abordar el barco

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha acogido este miércoles, después de tres suspensiones anteriores, las cuestiones previas del juicio por los 1.700 kilos de cocaína intervenidos en agosto del 2018 a bordo del remolcador Titán III, en un punto entre las islas Azores y Funchal.

Aunque inicialmente fueron arrestadas una treintena de personas en el marco de esta investigación, finalmente el proceso judicial se dirige contra un total de 21 personas. Con todo, este miércoles solo se han sentado en el banquillo 18, toda vez que uno de los acusados ha sido dado por muerto y otros dos están autorizados para no comparecer durante este turno de las cuestiones previas.

Las penas solicitadas por el Ministerio Público para los veintiún encausados oscilan entre los nueve y los trece años y medio de prisión como autores de un delito contra la salud pública. Además, se solicitan multas de entre 200 y 340 millones de euros para cada uno de los acusados.

Como era previsible, gran parte de estas cuestiones previas de la defensa han instado la nulidad de actuaciones por supuestos defectos en la instrucción, que, a su entender, originaron lagunas y falta de orden en todo el procedimiento con perjuicio para sus representados.

Como suele ser habitual en las causas por narcotráfico, los abogados de los acusados han alegado contra las escuchas telefónicas, contra los registros realizados en varios domicilios o incluso por la declaración de los procesados en sede judicial, al entender que se hicieron irregularmente por lo que sería «pruebas ilícitas» y sin ellas hay un «vacío probatorio», por lo que el juicio debe suspenderse.

También han argumentado indefensión ya que, según han explicado, no tuvieron acceso a todos los autos y actuaciones que se realizaron en el marco de este procedimiento judicial.

INEXISTENCIA DE AUTORIZACIÓN PARA ABORDAR EL BARCO

En la sesión, algunos letrados de las defensas han coincidido al señalar entre los motivos para la suspensión de la causa la inexistencia de autorización por parte de las autoridades panameñas para inspeccionar en aguas internacionales el remolcador, que tiene bandera de ese país. Además, han asegurado que la localización y seguimiento por GPS del Titán III se realizó sin amparo judicial.

Por su parte, el fiscal antidroga de Pontevedra, Pablo Varela, ha rechazado las pretensiones de los letrados de las defensas rebatiendo punto por punto cada una de ellas y detallando que todas las medidas aprobadas sobre el buque se adoptaron en aguas españolas.

Además, la Fiscalía sostiene que hay un «abanderamiento ficticio» del barco en Panamá cuya relación «no está acreditada», ya que solo se asoció a dicho país «para desconectarse de cualquier actuación de las autoridades españolas» y Panamá tampoco ha reclamado su autoridad sobre el barco.

La magistrada presidenta del tribunal ha señalado que, de todas las cuestiones presentadas por las defensas, la única que podría derivar en la suspensión del juicio sería la relativa a la jurisdicción del barco y ha avanzado que su decisión será comunicada a las partes antes del 20 de septiembre, fecha prevista para el inicio de la vista oral con las declaraciones de los acusados.