El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y Save the Children han presentado este jueves en Sevilla el proyecto piloto sobre el diseño de itinerarios de inclusión social y laboral de familias en riesgo de exclusión social que ejecutará la citada ONG hasta junio de 2023, y que está financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
La inversión total será de 7,6 millones de euros y alcanzará a 480 familias, es decir, más de 2.000 personas en situación de vulnerabilidad en el conjunto del territorio nacional, la mitad de las cuales son menores, según ha informado el Ministerio en un comunicado en el que ha precisado que las actuaciones tendrán a Sevilla y Cádiz como centros de referencia, pero incorporará otras dos unidades de intervención en Fuenlabrada (Madrid) y Melilla.
El proyecto ha sido presentado después de que el ministro Escrivá haya visitado el Centro de Recursos para la Infancia y Adolescencia (CRIA) de Save the Children en el distrito sevillano de Tres Barrios Amate, donde la organización atiende a niños y adolescentes en situación de pobreza, así como a sus familias, según ha explicado también la propia ONG en un comunicado en el que, al igual que el Ministerio, ha puesto de relieve que dicho distrito alberga los dos barrios con la renta media más baja de toda España, en referencia a Los Pajaritos y Amate.
El objetivo del piloto es «identificar las políticas de inclusión que garanticen la transición de familias con niños y niñas beneficiarias de prestaciones sociales, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), o en riesgo de exclusión social, a la plena integración social y laboral, actuando sobre el conjunto de la unidad familiar».
El ministro ha reconocido que cuando se realizó la evaluación del IMV «sabíamos que la prestación iba a tener especial incidencia en Andalucía y así ha sido», de forma que «casi un tercio de nuestros beneficiarios están en esta comunidad». En concreto, según ha detallado el Ministerio, el IMV llega ya a 103.000 hogares de Andalucía, en los que viven más de 270.000 personas, con especial incidencia en los hogares con niños.
Por su parte, la directora de Incidencia Social y Política de Save the Children, Catalina Perazzo, ha subrayado que la premisa fundamental de este piloto es que, para promover la inclusión de los niños y adolescentes, hay que trabajar con su entorno familiar y viceversa. «Por eso, consideramos que es necesario mejorar el acceso a servicios, prestaciones y empleo para las familias más vulnerables con el objetivo de conseguir una inclusión social y laboral sostenible en el tiempo, así como incidir en la prevención de la exclusión en niños y niñas por la vía educativa», ha apuntado la representante de la ONG.
INCLUSIÓN EN TÉRMINOS «INTERGENERACIONALES»
Este piloto contempla entre alguna de sus medidas la inclusión en términos «intergeneracionales», ya que, según subraya Save the Children, está demostrado que la pobreza y exclusión social se transmiten «de generación en generación». De hecho, «en el 80% de los casos, vivir una infancia en situación de pobreza se traduce en pobreza durante la vida adulta», según alerta la organización.
Por este motivo, desde Save the Children advierten de «la necesidad de romper el círculo de transmisión de la pobreza desde el inicio y utilizar de manera eficaz el Ingreso Mínimo Vital –tanto en su vertiente de prestación como a través de los itinerarios asociados al mismo– para evitar que se perpetúe la exclusión social».
El proyecto se desarrollará simultáneamente en cuatro ‘unidades de intervención’ localizadas en Fuenlabrada, Cádiz, Sevilla y Melilla. Cada unidad atenderá a hasta 480 beneficiarios, de los que la mitad aproximadamente serán niños y adolescentes.
El Ministerio prevé poner en marcha 16 proyectos piloto, dotados con más de 100 millones de euros, siendo éste el de mayor tamaño entre todos los financiados a entidades sociales en el marco del Plan. El programa, que se realizará con un método innovador –ensayos de control aleatorio–, se ejecutará durante 18 meses, tras los cuales se desarrollará la evaluación.
Gracias a ese método, «conoceremos cuáles son las políticas que mejores resultados dan, las que son más eficientes y podremos hacer comparaciones», según ha subrayado el ministro Escrivá.
TRES LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN CUATRO GRUPOS
Habrá tres líneas de actuación que se ejecutarán en cuatro grupos de personas. La primera es de acción social y consistirá en actuaciones de apoyo y acompañamiento a las familias, en asesoramiento y solicitud de prestaciones y servicios. Se aplicará a todos los grupos.
La segunda tiene que ver con la inserción laboral y se aplicará solo a un grupo, al que se ayudará a mejorar su capacitación laboral y la inserción en empresas, así como sobre la conciliación. A un segundo grupo se le aplicarán las líneas 1 y 2.
La tercera línea prevé el refuerzo educativo, con tutorías y fomento de competencias digitales. Se aplicará a un tercer grupo. Y, finalmente, habrá un cuarto grupo sobre el que se aplicarán todas las líneas de actuación, es decir, social, laboral y educativa.
El ministro ha manifestado que este proyecto «no es el único itinerario de inclusión que se va a desarrollar aquí» en Andalucía, donde el IMV está teniendo especial incidencia, y al respecto ha apuntado que «en los próximos días se firmarán otros convenios como el de la Fundación Secretariado Gitano, que prevé realizar actuaciones sobre 100 familias en la provincia de Granada».
AUMENTO DE LA POBREZA INFANTIL SEVERA
Por su parte, desde Save the Children han subrayado al hilo de esta iniciativa los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida, que alerta sobre el aumento de la pobreza infantil severa en un punto con respecto a la del año anterior, lo que lleva a que el 14,1% de niños esté viviendo en hogares cuyos ingresos están por debajo del 40% de la renta mediana, según advierte la ONG.
«Ello revela un patrón de agravamiento de la pobreza infantil, cada vez más concentrada en niveles de renta más bajos», ha apuntado Catalina Perazzo, quien valora positivamente las medidas anunciadas de mejora del IMV.
Entre otras, según abundan desde Save the Children, se prevé el acceso a la prestación por parte de jóvenes ex tutelados entre 18 y 22 años sin hijos a cargo, así como una mayor flexibilidad en el cómputo del nivel de ingresos de referencia para determinar el derecho a la prestación.
Además, la introducción de complementos adicionales por hijo menor de edad a cargo para familias perceptoras del IMV o de bajos ingresos va a «contribuir a la lucha contra la pobreza infantil», según la ONG, que apostilla no obstante que «todavía quedan lejos de cubrir el coste total de la crianza, que se sitúa entre los 500 y 700 euros al mes según la edad y lugar de residencia».
Save the Children también propone que, de cara los próximos Presupuestos Generales del Estado, se tomen medidas como «una nueva línea de 130 millones de euros, canalizada a través de las comunidades autónomas, que garantice el acceso a comedor escolar gratuito a todos los niños bajo el umbral de la pobreza», así como «abordar la pobreza energética mediante la extensión del bono social térmico hasta cubrir a todos los hogares con niños y adolescentes en situación de pobreza, así como la prohibición de cortes de suministro en hogares con niños».
