El Gobierno vuelve a culpar a los hosteleros del alza de contagios y prepara restricciones

Una vez más, el PSOE quiere ser el que más apueste por las restricciones y limitaciones para controlar la pandemia independientemente de que los datos certifiquen si las contramedidas funcionan. La curva de contagios en Francia, país donde se ha aplicado el pasaporte COVID, es decir, una carta que acredite si uno está o no vacunado, está disparada de nuevo. De hecho, si se atiende al gráfico de la incidencia acumulada en el país vecino, se puede ver que no ha servido de nada. Sin embargo, España ya explora medidas restrictivas inspiradas por el mismísimo presidente de la Comunidad Valenciana para controlar una incidencia al alza desde hace semanas. El problema es que el PSOE no atiende a si funcionan o no, sino que parece que se lanzará a la piscina incluso creando con un semáforo COVID que afectará, otra vez, a la hostelería.

La justicia del País Vasco ha rechazado el uso del pasaporte COVID, pero el Ejecutivo está ansioso por aplicar una medida que en Francia ha quedado claro que no funciona. Junto a esto, el Gobierno también quiere volver a limitar la actividad de los bares y restaurantes, perpetuos culpables a ojos del Ejecutivo del alza en los contagios. En Austria se ha decretado un confinamiento de veinte días. En otros países ya buscan de nuevo la forma de contener el COVID este invierno. Pero en España parece que se quiere recurrir exactamente al modelo valenciano que se basa en imponer todo tipo de restricciones para que luego la diferencia en datos de contagios sea mínima entre las regiones que aplicaron duras prohibiciones y las que no, tal y como dejó clara la comparativa entre Madrid y Valencia.

El debate ahora está centrado en si la vacunación debe ser obligatoria o no. Según los datos oficiales, el 60% de los ingresos hospitalarios son personas no vacunadas. El 40% restante (algo menos) sí están vacunados con la pauta completa, pero claro, hay que tener en cuenta que hay un porcentaje de personas vacunadas significativamente mayor. Sea como sea, parece que la pandemia de los no vacunados ya ha llegado este invierno y amenaza con una nueva ola de contagios mientras que el Ejecutivo pone todos sus esfuerzos en contener el virus en los bares y restaurantes y en comprobar si la gente está vacunada o no mediante un pasaporte COVID que se ha usado en Francia con unos pésimos resultados, tal y como se puede comprobar en el gráfico.

El semáforo COVID del Gobierno aún se está negociando dado que hay muchas resistencias dentro del propio Ejecutivo. Ahora está cerca del 80% de los españoles vacunados y la ola no se contiene. La eficacia de las vacunas (más que contrastada) lamentablemente no es del 100% y su duración aún no está del todo comprobada, por lo que los no vacunados, a quienes no les hace el efecto completo la pauta completa y a quienes vacunaron primero (que se les puede pasar el efecto de las primeras dosis) han generado una nueva ola que no se sabe hasta dónde llegará. Pero sea como sea, el Gobierno afortunadamente ya está manos a la obra para meterle mano a los bares y a las discotecas (entiéndase la ironía).

Con el semáforo COVID también se elevará el umbral de riesgo bajo de transmisión de 50 a 100 casos por 100.000 habitantes, pero se aplicarán restricciones. De hecho, el último borrador del Gobierno plantea limitar la apertura de las zonas interiores de restaurantes, bares y salones recreativos a las 23.00 y la de las discotecas a la 1.00 de la madrugada. Y sobre las mascarillas ni hablamos, pues si con el riesgo bajo mínimos el Ejecutivo se negó a quitarlas en espacios interiores, ahora serán obligatorias hasta por lo menos después de Navidades, tal y como aseguran fuentes de Presidencia.

Para Sanidad, son dos la causas de que se disparen los contagios. La primera y más inmediata, el que no se haya vacunado el 100% de la población. Si todos los españoles estuvieran vacunados, la inmunidad de rebaño sería una realidad. Pero el que sea un 80% no parece llevarnos a ese escenario porque las vacunas no tienen una efectividad del 100% (aunque sí muy alta) y hay a quien se le está pasando el efecto de las primeras dosis que recibieron a principios de año. Aún así, ya hay tratamientos más específicos y la situación en los hospitales no es como a principios de 2020. Y la segunda causa es el ocio nocturno y los bares y restaurantes (curiosamente).

Para solucionar el primer problema, el Ejecutivo quiere implantar el pasaporte COVID. Ese mismo que planteó la presidenta de la Comunidad de Madrid y que Pedro Sánchez le reprochó. Pero el problema es que los países que sí lo aplicaron han demostrado que no sirve absolutamente de nada.  Y para solucionar el segundo, el Gobierno quiere limitar la capacidad de aforo en interiores de los bares y restaurantes y sobretodo limitar el horario de estos negocios. Dos medidas que se comprobaron poco útiles en el pasado con la comparación de los datos de contagios de la Comunidad de Madrid con las de otras autonomías que restringieron por completo la actividad comercial como Valencia.