Canarias autoriza la central hidroeléctrica de REE en Salto de Chira

La Dirección General de Energía de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias ha emitido la autorización administrativa del proyecto de la central hidroeléctrica de bombeo reversible (CHB) de Salto de Chira, en la isla de Gran Canaria, a Red Eléctrica de España (RRE), que invertirá 400 millones de euros en la construcción de dicha instalación.

Así lo ha indicado REE en un comunicado en el que expone que se trata del «primer gran proyecto» de almacenamiento energético en Canarias, apuntando que la aprobación de las autorizaciones administrativas previas y de construcción, así como la declaración de Utilidad Pública del proyecto por la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias, permitirá iniciar los trabajos de construcción de la infraestructura de almacenamiento energético.

En este sentido, se expone que el proyecto autorizado aprovechará la existencia de dos grandes embalses (las presas de Chira y de Soria) situados en el interior de la isla para construir entre ambos una central hidroeléctrica de bombeo de 200 megavatios (MW), equivalente aproximadamente al 36% de la punta de demanda de Gran Canaria, y 3,5 gigavatios hora (GWh) de almacenamiento.

Además de incluir una estación desalinizadora de agua de mar y las obras marinas asociadas, así como las instalaciones necesarias para su conexión a la red de transporte.

Aquí el agua será un «elemento esencial» para el funcionamiento de la nueva infraestructura pero también «es un recurso escaso» en el archipiélago, de ahí que el proyecto «garantizará el caudal necesario» en los embalses «en todo momento» a través de la planta desaladora de agua que se instalará en Arguineguín, en el municipio de Mogán, para cumplir con su objetivo de almacenar energía.

UNA INVERSIÓN DE 400 MILLONES

Para hacer realidad este proyecto, declarado de interés general por el Gobierno de Canarias, Red Eléctrica de España invertirá más de 400 millones de euros en la construcción de Salto de Chira, siendo la duración prevista en el proyecto de ejecución de 70 meses desde el inicio de los trabajos.

El Salto de Chira tiene como fin reforzar la garantía de suministro de Gran Canaria al aumentar la potencia instalada en el sistema y aportar una mayor seguridad de suministro, lo que señalan desde la firma que es un «elemento fundamental» para un sistema eléctrico como el canario, «aislado y, por lo tanto, más vulnerable».

Además, en caso de interrupción del suministro, la central permitirá agilizar y reducir «drásticamente» los tiempos de reposición.

El proyecto permitirá incrementar la integración de energías renovables en el sistema aprovechando los excedentes de energías renovables gracias a su capacidad de almacenamiento, de tal forma que se estima que en 2026 la central conseguirá que la producción renovable sea un 37% superior a la que se tendría sin la existencia de la instalación, elevando la cobertura media anual de la demanda con generación renovable al 51%, pudiendo en momentos puntuales ser mucho mayor.

De forma adicional esto permitirá una reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2) de un 20%.

Igualmente, desde la empresa ponen en valor que la mayor capacidad de integración de energías renovables supondrá una «mayor independencia» energética y una reducción de las importaciones de combustibles fósiles, «más caros y contaminantes, lo que permitirá un ahorro estimado» en los costes de generación de 122 millones de euros anuales.

El proyecto se enmarca en el cumplimiento de la Ley 17 /2013, que establece que en los sistemas eléctricos insulares y extra-peninsulares las instalaciones de bombeo que tengan como finalidades principales la garantía del suministro, la seguridad del sistema y la integración de energías renovables no gestionables serán de titularidad del operador del sistema, es decir de Red Eléctrica de España.

También se estima que el proyecto genere 4.366 puestos de trabajo, de los que 3.518 se generarían en Gran Canaria (1.423 puestos directos, 1.987 indirectos y 109 inducidos), contribuyendo a la recuperación económica del archipiélago canario de forma sostenible y alineada con los principios del Pacto Verde europeo y con las líneas estratégicas, así como principios básicos del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias.