El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Joaquín Páez, ha calificado este martes como un «ejercicio de falta de lealtad institucional» las propuestas presentadas en el Parlamento por el PP, Cs y Vox para la regularización de 1.400 hectáreas fuera de suelo agrícola regable (SAR), recogidas como tal en el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadíos ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana (Huelva), aprobado en 2014.
En este sentido, Páez ha recordado que «cualquier modificación o revisión del plan debe tramitarse conforme a la legislación y contar con los mismos trámites que fueron necesarios para su aprobación y, sobre todo, con la asignación de recurso para que al final no quede todo en un mero ejercicio de generación de expectativas falsas ante el sector del regadío del Condado», según ha indicado la CHG en una nota de prensa.
De ahí que haya subrayado que el mecanismo elegido por estos grupos «carece de rigor», así como ha señalado que, a su juicio, «obedece más a una improvisación en busca de generar expectativas en el sector agrícola, que a una propuesta seria y a un proyecto definido previamente negociado con el Organismo de cuenca y todos los agentes que tienen que decir sobre la concesión de agua en el entorno de Doñana».
«Sería bueno que se explicara a los agricultores cómo van a resolverse los escollos administrativos y legales que una modificación de este calado va a generar en Andalucía, España y en Europa», ha sentenciado Joaquín Páez.
Páez ha señalado que, «ante la falta de seguridad, futuro y garantía que ofrece esa propuesta para la sustancial modificación que plantean», el Gobierno tenía que haber dado cabida a todas las administraciones, organizaciones y estamentos implicados, «con la posibilidad de transparencia y participación pública, y con todas las garantías administrativas y jurídicas estudiadas y establecidas, con la posibilidad de discusión y, por tanto, de seguridad para el sector agrícola y para la salvaguarda ambiental de Doñana».
«Estas proposiciones nos generan dudas e inseguridad con respecto al cumplimiento de la ley del Trasvase a la que alude, frente al Plan Hidrológico del Guadalquivir, la Directiva Hábitat Europea, la Directiva Marco de Agua (DMA), ante la sentencia de los tribunales de la Unión Europea, el informe de la Unesco sobre Doñana, e incluso frente a la reglamentación del propio Plan de la Corona», ha añadido.
En este contexto, Páez se ha lamentado de «la falta de lealtad institucional no solo con la Confederación sino también con el resto de administraciones y organismos implicados en la gestión de Doñana y su entorno», entre los que figuran el Instituto Geológico Minero de España (IGME), el Consejo de participación de Doñana, la Comisión de Seguimiento del Plan de la Corona, y el propio Organismo de cuenca, entre otros.
«Sí bien es cierto que el Plan de la Corona no otorga derechos para el riego, también parece coherente que antes de declarar un suelo agrícola como regable y generar expectativas en el sector, se constate que hay disponibilidad del recurso con los organismos competentes», ha manifestado.
En la misma línea, el presidente del Organismo de cuenca ha criticado la «descoordinación y ausencia de coherencia de los partidos que presentan estas proposiciones y del propio Gobierno andaluz con esta administración».
En este sentido, ha explicado que «ni durante los seis meses de exposición pública del Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI) ni en los seis meses posteriores de consulta del borrador del Plan Hidrológico del Guadalquivir (PHG), la Consejería, el PP, Vox o Cs han hecho a la Confederación ni una sola consideración ni mención a los cambios que querían introducir, conociendo perfectamente que para el establecimiento de nuevas hectáreas de cultivo es imprescindible la asignación del recurso, de lo que la CHG es la administración competente», ha destacado.
En opinión del presidente del Organismo de cuenca, «poner en el disparadero internacional, europeo y nacional a Doñana y los productos agrícolas de su entorno, con mercados tan sensibles en cuanto a la sostenibilidad y su trazabilidad ambiental, nos parece una temeridad y tirar por la borda el buen trabajo y esfuerzo para dotar de credibilidad a los productos de la marca Doñana».
«Creemos que la agricultura del Condado y el Espacio Natural de Doñana se merecen más planificación previa, más trabajo, menos contradicciones, y más explicaciones que hablen de realidades y de seguridad. No se pueden generar expectativas de riego sin recurso y sin la seguridad de que las proposiciones tienen encaje jurídico y administrativo en nuestras normas legales, entre ellas, el Plan Hidrológico del Guadalquivir», ha agregado.
«Sabemos que en la medida en que a Doñana y su marca le vaya bien, a la agricultura de su entorno también le irá bien. Para ello, las iniciativas que se tomen tienen que ser más serias, más rigurosas y menos oportunistas», ha sentenciado.
