El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) que se reunirá desde el martes 25 de enero estará trufado de asuntos relativos al ‘procés’ independentista de Cataluña de 2017 y de cuestiones referentes a decisiones tanto del Gobierno como de Comunidades Autónomas sobre la pandemia de coronavirus. Según el orden del día facilitado por el tribunal de garantías, uno de los asuntos relevantes será el estudio del recurso de diputados del PP contra el fondo que creó la Generalitat de Cataluña para cubrir los avales de las fianzas que reclamaba el Tribunal de Cuentas para excargos del Ejecutivo catalán.
Fue en octubre cuando el PP presentó ese recurso contra el decreto por el que se dotaba de 10 millones de euros al Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Catalunya por el que Instituto Catalán de Finanzas (ICF) avalaba las fianzas de los dirigentes independentistas encausados por el Tribunal de Cuentas por la acción exterior desempeñada entre 2011 y 2017 y que asciende a 5,4 millones de euros.
El TC tiene en agenda también dar cuenta de varios recursos relativos a la causa del ‘procés’ que se siguió en el Supremo, en concreto un par de recursos del exvicepresident Oriol Junqueras contra los autos de 14 de octubre y de 18 de noviembre de 2019 de la Sala de lo Penal del TS, y contra la Sentencia y un auto más de esa misma sala por el ‘procés’. Se verá además un recurso de la exconsellera Clara Ponsatí contra otro auto del Supremo.
También entra en el orden del día el recurso presentado por el expresidente Carles Puigdemont contra los autos de 14 de octubre de 2019, 4 de noviembre de 2019, 10 de enero de 2020, 23 de octubre de 2020 y 30 de diciembre de 2020 de la Sala de lo Penal del TS relativos a su situación procesal y a las órdenes de detención vigentes contra su persona.
El Pleno deliberará además sobre sentencias nuevas, como la realizada por la magistrada María Luisa Balaguer sobre el recurso del Grupo Parlamentario Ciutadans en el Parlamento de Cataluña contra el Acuerdo de la Mesa del Parlament de 25 de septiembre de 2019, por el que se reivindicó la amnistía de los condenados por el ‘procés’.
EL COVID
Pero si bien el ‘procés’ puede acumular horas en el pleno que se extenderá por tres días, una vez más se cuela en la agenda de los magistrados asuntos derivados de la pandemia por coronavirus.
En concreto se estudiará la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Aragón sobre varios artículos del Real Decreto por el que se decretó el segundo estado de alarma en octubre de 2020 y del Real Decreto por el que se acordó su prórroga.
Verán también el recurso de diputados de Vox contra varios artículos la Ley del País Vasco 2/2021, de 24 de junio, de medidas para la gestión de la pandemia de Covid-19, y el que presentaron también contra el Decreto-ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de Covid-19 en Canarias.
DESAHUCIOS DE VULNERABLES
Entre las sentencias nuevas que serán deliberadas por los magistrados, estará también la relativa al recurso de diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso por diversos incisos y preceptos del preámbulo y la disposición final primera del Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.
Ese decreto modifica el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la Covid-19. Y contempla entre otras cosas la suspensión durante el estado de alarma del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional en varios supuestos contemplados en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en aquellos otros en los que el desahucio traiga causa de un procedimiento penal.
En esa línea, se verá otro recurso presentado por Vox contra el artículo segundo punto 2 del Real Decreto-Ley 16/2021, de 3 de agosto, por el que se adoptan medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.
Ese punto concreto del Real Decreto suspendía hasta el 31 de octubre de 2021 el procedimiento de desahucio y los lanzamientos para personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional en los supuestos de los apartados 2.º, 4.º y 7.º del artículo 250.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y en aquellos otros en los que el desahucio traiga causa de un procedimiento penal.
Otro punto de la batería de asuntos que conocerá el pleno será la cuestión de inconstitucionalidad que plantea la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Cataluña relativa a varios apartados de la Ley del Parlament de Catalunya 12/2009, de 10 de julio, de Educación, y que hacen referencia a la financiación de puestos de guardería.
