El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, considera «imprescindible» resolver los retrasos en las reclamaciones sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y una revisión «ágil» de las cuantías «muchas veces tardía».
Así lo ha expuso Gabilondo este viernes en una rueda de prensa tras entregar el Informe Anual de la institución correspondiente a 2021, ante la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet.
En el documento, el Defensor aprecia que la Ley del Ingreso Mínimo Vital, aprobada a finales de 2021, ha incluido varios de sus planteamientos en las actuaciones tramitadas en los últimos dos años para ampliar el ámbito de posibles beneficiarios.
Si bien, afirma que ha seguido recibiendo «quejas por la demora en resolver solicitudes y reclamaciones» y ha trabajado «para que la Administración mejore la motivación de las resoluciones denegatorias de esta prestación».
Asimismo, señala que la «demora» del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para actualizar la prestación en 2021 ha sido la causa de iniciar numerosas actuaciones.
Por otra parte, el Defensor del Pueblo considera que las rentas mínimas de las comunidades autónomas deben pasar a cumplir «una labor de complemento o mejora del IMV».
Sin embargo, constata que el carácter subsidiario de las rentas mínimas de las CCAA ha ocasionado «graves perjuicios» a los ciudadanos tras la aprobación del IMV, como consecuencia tanto de «la falta de adopción de medidas para garantizar una adaptación de ambas prestaciones» como de «la interpretación que han realizado algunas comunidades autónomas de la normativa reguladora».
«En muchos casos, familias en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo han permanecido meses sin percibir importe alguno», ha denunciado el Defensor en su informe.
