Tras más de una década de litigio judicial, la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a los 131 controladores aéreos que fueron condenados, en primera instancia, por abandono del servicio público durante la huelga de diciembre de 2010. También se ha absuelto al gestor de la navegación aérea Enaire que figuraba como responsable civil subsidiario. La Justicia ha dado la razón a los controladores que llegaron a ser «militarizados» por el entonces Ministerio de Fomento para que ejercieran su trabajo en medio de un aluvión de bajas médicas de los controladores que acabaron paralizando la practica totalidad del tráfico aéreo. Ahora, tras haberse declarado culpables por recomendación de sus abogados, los controladores estudian pedir responsables políticos.
tras haberse declarado culpables, los controladores estudian buscar responsables políticos
Los magistrados de la sección primera de la Audiencia Provincial de Madrid han decidido absolver de la condena dictada en primera instancia a los controladores y a su empresa Enaire. La jueza considera que los hechos carecían de relevancia penal y que no se examinaron las pruebas de forma «exhaustiva». Cabe destacar que en una primera resolución se condenó a los controladores y a la empresa de navegación aérea al abono de más de 13 millones de euros a los perjudicados por el cierre del espacio aéreo durante unas 20 horas. No obstante, esta cuantía no se pagará ya que la jueza ha decidido absolver a los condenados en primera instancia liberándoles de pagar dicha multa.
Los hechos se remontan a 2010. El Ministerio de Fomento de entonces decidió recortar algunos de los privilegios que tenía el gremio de los controladores. Quitar las horas extra e imponer más horas de trabajo eran solo algunas de las decisiones que trataban de imponer desde el ministerio público a los controladores. Es por ello que los responsables de la navegación aérea decidieron protestar a través de sus organizaciones sindicales. La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) fue una de las organizaciones más beligerantes con el objetivo de proteger las condiciones laborales que tenía este colectivo. Los miembros de USCA decidieron hacer huelga y a ella se unieron otros controladores. La protesta se organizó en un hotel ubicado en el barrio de Salamanca y esa misma noche se envío un mensaje de texto a los controladores con los pasos a proceder. Tras ello, los controladores empezaron a presentar bajas laborales a la empresa motivadas por estrés y dolores de cabeza que acabaron dejando a la torre de control de Barajas sin prácticamente recursos humanos.
Al no haber controladores suficientes, se paralizaron casi todos los vuelos de Barajas. Con el objetivo de restablecer la navegación aérea, el Ministerio de Fomento no tuvo más remedio que enviar a efectivos de las Fuerzas Armadas para tratar de que los controladores ejercieran su trabajo. Fue entonces cuando los trabajadores presentes en la torre de control tuvieron que doblar turnos para tratar de restablecer el tráfico en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Este suceso llevó al Gobierno de España a enfrentarse con este colectivo. Cabe destacar que el aeropuerto de Madrid depende del Ministerio de Transportes del Ejecutivo nacional. El asunto acabó en los juzgados tras acusarse mutuamente de negociar sin voluntad de alcanzar un acuerdo.
TRAS LA CONDENA, LA ABSOLUCIÓN
En una primera instancia, los controladores y la empresa Enaire fueron condenados. En aquella sentencia, la Fiscalía defendía que «en una acción colectiva y concertada con el fin de paralizar la actividad aeronáutica al margen de cualquier negociación colectiva u otra vía legal, presentaron ante el responsable de la sala dicho documento, escrito de su puño y letra, en el que alegaban una disminución significativa de sus capacidades psicofísicas para desempeñar su puesto». De este modo, en 2020 los acusados fueron condenados con multas para restituir las pérdidas que ocasionó el cierre del espacio aéreo.
Sin embargo, dos años después estos profesionales han sido absueltos. La sección primera de la Audiencia Provincial de Madrid, presidida por Adela Viñuelas, ha explicado que la sentencia «no es exhaustiva en la valoración de la prueba». La magistrada considera que «las pruebas personales deberían ir acompañadas de corroboraciones documentales y periciales», en especial cuando los testimonios se producen desde «posiciones enfrentadas». Además, los tribunales han recalcado que no ha podido acreditarse «el abandono físico de los controladores de su puesto de trabajo», y «no se produjo una falta de atención de la totalidad de los vuelos», pues sí que se operaron un elenco de vuelos.
Esta segunda sentencia favorable a los controladores llega tras el recurso impuesto por una minoría de los condenados previamente. No obstante, la absolución se extiende a la empresa de navegación aérea y a la totalidad de los controladores inmersos en este periplo judicial.
