El Congreso aprueba en comisión la Ley Audiovisual, con votos de PSOE, UP, PNV y ERC, y el rechazo de PP, Vox y Junts

La Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso ha aprobado este jueves el dictamen de la ponencia del proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, con los votos de PSOE, Unidas Podemos, PNV y ERC, y el rechazo de PP, Vox y Junts, y la abstención de Bildu y Ciudadanos. El Pleno de la Cámara Baja verá el asunto previsiblemente el próximo jueves.

La Comisión de Asuntos Económicos ha aprobado enmiendas al texto relacionadas con la propiedad intelectual, presentadas por el PP y Ciudadanos; los valores medioambientales; o los medios de comunicación comunitarios, entre otras. Fuentes del grupo socialista han destacado que el PSOE ha llegado a acuerdos con «todos los grupos» salvo con VOX a lo largo de la tramitación de la norma.

Entre las modificaciones aprobadas este jueves se hallan una enmienda de adición de un nuevo artículo 12, presentada por Ciudadanos, que establece que «la comunicación audiovisual será respetuosa» con los derechos de terceros reconocidos en la legislación de Propiedad Intelectual vigente.

Los parlamentarios también han dado el visto bueno a una transaccional sobre una enmienda de Junts encaminada a promover códigos de conducta que fomenten contenidos audiovisuales que promuevan «el respeto a la naturaleza», la preservación del medio ambiente y el bienestar de los animales, y alerten de las consecuencias del cambio climático.

En cambio, la iniciativa presentada conjuntamente por Unidas Podemos, ERC, Bildu, Junts, PDeCAT, Más País, Compromís, BNG, CUP y Nueva Canarias para que los espectáculos taurinos fueran considerados «contenido perjudicial» para los menores ha sido rechazada en este trámite.

MÁS DE 1.000 ENMIENDAS

El texto, al que se han presentado más de 1.000 enmiendas, incorporó en el trámite de Ponencia varias enmiendas socialistas que suscitaron las dudas de Unidas Podemos, que finalmente ha apoyado el dictamen, y ha causado el rechazo de los productores independientes.

La cuestión relativa a las cuotas lingüísticas de las lenguas cooficiales del Estado ha sido una de las que ha centrado buena parte del debate durante la sesión de la Comisión, así como la cuestión que atañe a la situación de las productoras intendentes en la Ley audiovisual.

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, se ha mostrado crítica y ha asegurado que la norma «es una oportunidad perdida porque, en general, se limita a una transposición muy conservadora de la Directiva europea» y que «desaprovecha enormemente las nuevas posibilidades que ofrecía esta directiva». No obstante, ha reconocido que también ha habido «mejoras sustanciales, la mayoría de ellas, tienen que ver con las lenguas cooficiales».

Por su parte, el portavoz del PNV Joseba Agirretxea ha celebrado que las negociaciones hayan permitido salvar «los tres grandes asuntos» que debían defender: el autogobierno, preservar la autonomía de EiTB y garantizar la presencia de euskera en el nuevo marco audiovisual. «Un gran número de enmiendas han sido aceptadas en su originalidad. Otras han sido transaccionadas y podemos decir que afortunadamente el texto ya no es lo que era», ha remarcado.

En su intervención, el portavoz de Ciudadanos, Guillermo Díaz, se ha centrado «en la parte fea» de la ley y ha afirmado que «hay una hipertrofia de cuota lingüística completamente artificial, que además pervierte la creación artística», y ha añadido que las lenguas propias «no existen».

UNA LEY ES «BASTANTE MEJOR»

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Ferran Bel, ha manifestado que esta ley es «bastante mejor» que la que presentó el Gobierno, pero no es suficiente porque «algunas cosas han empeorado». Así, ha puesto como ejemplo que las enmiendas del PSOE sobre la producción independiente perjudican a este colectivo. Sin embargo, ha dicho que, aunque de modo «insuficiente», se ha mejorado algo en relación con la obligación de financiación de obra en catalán, gallego y euskera.

«Después de negociaciones muy complicadas con el Gobierno, hemos conseguido que una ley pensada por y para las determinadas multinacionales del sector se transforme en una ley pensada por y para todo el sector del país», ha manifestado desde ERC el parlamentario Joan Margall, quien ha señalado que se ha pasado de «cero» a la presencia de lenguas cooficiales en el texto. «Nos parece un avance muy importante. Por Ley, tendrá que haber producción audiovisual en catalán. Por ley, se destina un fondo económico al doblaje en catalán», ha recalcado.

En su turno de intervención, el diputado y secretario general de Unidas Podemos, Txema Guijarro, ha señalado que les hubiera gustado «un texto más comprometido» con la producción independiente, y ha lamentado que el asturiano no tenga un tratamiento diferenciado, como en el caso de las lenguas cooficiales.

Por su parte, la diputada de Junts en el Congreso, Pilar Calvo, ha manifestado que la norma está «lejos de un texto aceptable» y que «no responde al espíritu» de la Directiva europea, que «tiene como finalidad proteger la diversidad cultural y lingüística».

Juan Luis Pedreño, diputado del PP, ha criticado que hoy se haya debatido una ley «para ERC y para el PNV». El parlamentario ha tachado de «desastre» el texto legislativo y de ser «un rodillo» del Gobierno, que ha aprovechado para introducir «las concesiones a sus socios».

En la misma línea crítica se ha expresado el portavoz de VOX, Manuel Mariscal, quien ha afirmado la ley «es antigua antes de nacer» que, a su juicio, «no regula la comunicación». Además, ha rechazado la imposición de cuotas lingüísticas porque no fomenta la calidad sino el origen.

En último lugar, la representante socialista Begoña Nasarre ha apuntado la necesidad de «este ambicioso» proyecto de ley del sector audiovisual que, además de trasponer la Directiva europea, «adapta el marco normativo a la realidad actual del mercado, ofreciendo una mayor y mejor cobertura sector».

Desde su punto de vista, el proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual «impulsa la promoción de obra audiovisual europea en obras de productor independiente, incrementando las obligaciones de inversión. «La cuestión de la definición, que ha generado mucho debate, recordar que ya se establecía en la ley anterior y en el proyecto de ley actual se considera en los mismos términos», ha zanjado.