La Agencia Española de Protección de Datos impone la multa más alta de su historia a Google

Lluvia de millones gracias a sanciones en la Agencia Española de Protección de Datos. Este organismo público ha multado con más de un millón de euros a los colosos tecnológicos de Vodafone y Google. Ambas compañías tendrán que pagar más de 10,3 millones de euros a la Agencia Española de Protección de Datos por cometer infracciones en cuanto a la protección de datos de sus clientes. Google tendrá que pagar 10 millones de euros siendo así la multa más cara que ha impuesto la AEDP en su historia.

En el caso de Google, la compañía americana tendrá que pagar 10.000.000 de euros al organismo que preside Mar España. Según alega la Agencia Española de Protección de Datos, la empresa tecnológica ha vulnerado el artículo 6 y artículo 17 del Reglamento de Protección de Datos (RGPD). La Agencia Española de Protección de Datos aprecia dos infracciones «muy graves» e impone a la compañía sendas multas de cinco millones «por ceder datos a terceros» y «obstaculizar el derecho a la supresión de los ciudadanos». En cuanto a cesión de datos a terceros, la AEDP se refiere al Proyecto Lumen, una iniciativa que recoge solicitudes de aquellos usuarios que piden a la compañía retirar contenido de su popular buscador.

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De este modo, la Agencia Española de Protección de Datos alerta de que Google ha cedido datos de sus usuarios a terceros sin permiso legal y ha obstaculizado su derecho al olvido. El organismo español ha detectado que el gigante tecnológico obliga a los usuarios a ceder su identificación, dirección de correo electrónico, los motivos de su solicitud y la dirección URL reclamada y que manda esos datos al proyecto para que los gestione. Todo ello sin consentimiento alguno. Es por ello que no respetar el derecho al olvido le costará a Google 10 millones de euros, la multa más alta de la historia de la Agencia Española de Protección de Datos.

no respetar el derecho al olvido le costará a Google 10 millones de euros

Pero Google no es la única compañía que tendrá que pagar a la Agencia Española de Protección de Datos, también la filial española de Vodafone tendrá que abonar 3.940.000 de euros al organismo. La AEPD considera que la empresa de telecomunicaciones no asegura el nivel de seguridad y confidencialidad necesarios a los clientes. Tras vulnerar los artículos 5.1 y 5.2 del RGPD, la Agencia Española de Protección de Datos ha decidido sancionarles con una multa millonaria.

No es la primera vez que este organismo público multa a grandes empresas. BBVA, EDP y Mercadona son las empresas con mayores multas por incumplir las normas de protección de datos. Tampoco se salvan los bancos y es que CaixaBank también ha sido condenado a pagar dos millones de euros a la Agencia Española de Protección de Datos.

Todas están sanciones que se excedan del millón de euros tendrán que ser publicadas en el Boletín Oficial del Estado. En el apartado 4 del artículo 76 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales se establece que se deba dar publicidad a este tipo de infracciones cometidas por las grandes empresas en materia de protección de datos.

Ubicada en una de las calles más caras de Madrid, la calle de Jorge Juan, la Agencia Española de Protección de Datos es el organismo público encargado de velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Aunque cuenta con una autoridad administrativa independiente, este organismo se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia liderado por Pilar Llop.

Estas oficinas cuentan con un presupuesto anual que roza los 17 millones de euros. A esta partida se suma la recaudación a través de multas a grandes compañías que lleva incluso a superar el presupuesto previsto para todo el año. Todos estos millones van a parar a los 168 empleados de la Agencia Española de Protección de Datos, en especial a su directora, Mar España cuya nómina anual roza los 100.000 euros. Cabe destacar que esta remuneración es una de las más alta del erario público llegando incluso a superar las nóminas del presidente del Gobierno o de los ministros del Ejecutivo nacional.