El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha explicado este viernes que en el salto a la valla de Melilla que se produjo el pasado 24 de junio, y que terminó con una veintena de personas muertas en el lado marroquí, se produjo un rechazo en frontera a 470 personas «sin completarse las previsiones legales, tanto nacionales como internacionales». Según ha explicado, esta es una de las primeras conclusiones a las que ha llegado sobre lo sucedido hace casi cuatro meses en la ciudad autónoma, tras analizar la documentación recibida por parte del Ministerio del Interior y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El Defensor ha explicado que el Tribunal Constitucional establece que el rechazo en frontera ha de tener en cuenta la aplicación a las entradas individualizadas, pleno control judicial y el cumplimiento de las obligaciones internacionales, según se recoge en la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social que, además, en su disposición décima establece el régimen especial para Ceuta y Melilla.
Desde la institución se lamenta la pérdida de vidas humanas y los heridos causados en la tragedia, y se insiste en que ese día se registró una situación de riesgo previsible en la zona a la vista del desarrollo inicial de los acontecimientos.
