La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha instado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a «hacer» para llegar al acuerdo «facilito» para modificar el artículo 49 de la Constitución y eliminar la palabra ‘disminuido’. Todo ello después de que no se hayan producido avances al respecto desde la llegada de este al liderazgo del partido de la oposición.
Así lo ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha incidido que para analizar la posible eliminación de esta palabra es necesario hacer una «revisión» de lo ocurrido en los últimos meses con el cambio de liderazgo en el PP.
«Nada más producirse este cambio y por convicción democrática, el presidente del Gobierno (Pedro Sánchez) llamó al responsable del PP a la Moncloa y, precisamente, este estaba entre los acuerdos básicos, los mínimos, los facilitos a los que creíamos que podíamos llegar con un nuevo liderazgo que se decía mas moderado, tranquilo y reposado», ha explicado.
También ha incidido, en este sentido, que el Gobierno esperaba llegar con el PP a otro acuerdo «facilito» que, además, «es el mínimo requisito en la democracia, cumplir las normas y las leyes» llevando a cabo la renovación del responsable del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
«Lamentablemente en apenas siete meses hemos visto que aquello no fue posible y no ha sido posible llegar a este puerto», ha concluido sobre ambas cuestiones, al tiempo que ha tildado la eliminación del término ‘disminuido’ como «necesaria» y de «sentido común».
REUNIÓN DE DERECHOS SOCIALES CON EL CERMI
Precisamente, este lunes, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, ha mantenido una reunión con representantes del Comité Español de Representantes de la Discapacidad (CERMI), para tratar esta reforma.
Al término de la misma, Álvarez apelaba al «sentido de Estado» de los partidos representados en el Congreso para eliminar un artículo que, según ha explicado, genera «enorme dolor» al colectivo y a la sociedad en general, además de ser, a su juicio, «innecesario» ante el «amplísimo» consenso que existe para su eliminación.
El secretario de Estado también se refería de forma directa al PP y, en concreto, mostraba su «sorpresa» ante su postura actual de «paralizar» esta iniciativa ya que, según ha indicado, en la anterior legislatura ya había apoyado el nuevo texto propuesto para el artículo 49 de la Carta Magna.
En este sentido, el director general de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín, ha recordado que esta propuesta no parte del Gobierno, sino que es una petición histórica del movimiento civil del colectivo, además de un «mandato» que le llegó al Ejecutivo desde el Parlamento.
A su juicio, es necesario regresar «a los consensos que siempre genera la discapacidad» y que ya se ha visto en otros trabajos de las Cortes, como la «abolición de la esterilización» de las personas con discapacidad, la «restauración del derecho al voto» del colectivo, o la recuperación de su «voz en el tráfico jurídico».
CERMI COMO «PUENTE» ENTRE FUERZAS POLÍTICAS
En esa unidad entre fuerzas políticas trabajará el CERMI, según ha explicado su presidente, Luis Cayo Pérez Bueno. En declaraciones a los periodistas ha indicado que su objetivo es «promover el diálogo» entre partidos y hacer de «puente» para lograr la reforma. A su juicio, los próximos meses son «esenciales» para lograr que «la primera reforma social de la Constitución» se produzca antes de que acabe la legislatura.
Pérez Bueno reconoce que «el contexto político de polarización» actual hace difícil el clima de debate y acuerdo. Sin embargo, cree que «nadie duda» del contenido del nuevo artículo.
Del mismo modo, se ha dirigido a quienes temen que esta modificación de la Carta Magna pueda abrir la puerta a otros cambios y recuerda que se trata de algo excepcional relacionado con un único artículo. «Es una reforma blanca, sin aristas, que mejora la convivencia», ha apuntado, antes de señalar que ya se «está tardando» en poner en marcha esta iniciativa.
El presidente de CERMI ha insistido también en que este cambio «no es cosa del Gobierno», sino algo que la propia organización lleva reclamando en los 25 años de vida que ahora cumple. «Ahora la estamos acariciando», ha reconocido.
