Los audios filtrados del Hospital público de Torrejón de Ardoz han puesto de nuevo a la gestión sanitaria de la Comunidad de Madrid en el centro de la polémica. En las grabaciones destapadas por El País, el consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart, aparece dando instrucciones a su equipo para que prioricen pacientes con criterios económicos sobre otros aspectos médicos.
Los audios han reavivado denuncias de trabajadores del hospital que, ya en mayo de este año, alertaron sobre presiones internas para enfocar la atención en pacientes considerados más «rentables» y relegar a otros.
Estas denuncias coincidieron con el despido de cuatro directivos que se negaron a cumplir estas instrucciones, lo que provocó aún más preocupación entre el personal y entre los defensores de la sanidad pública.
Los exempleados sostienen que las órdenes podrían suponer vulneraciones de los derechos de los pacientes y prácticas de mala praxis asistencial. Ribera Salud, la empresa que gestiona el Hospital de Torrejón y otros centros públicos en España, ha sido cuestionada anteriormente por su modelo de colaboración público-privada.
La compañía opera en distintas comunidades españolas y su modelo combina la gestión privada con fondos públicos, lo que genera debate sobre si las decisiones empresariales pueden entrar en conflicto con el interés sanitario de los pacientes.
El Hospital de Torrejón registró en 2023 casi 25.000 citas entrantes de otras áreas y multiplicó el número de operaciones realizadas. Si bien estos números muestran un alto volumen de atención, los audios y las denuncias internas sugieren que la priorización de pacientes por criterios económicos podría haber influido en la organización del trabajo y en la selección de pacientes.
Según los empleados despedidos, esta situación habría generado tensiones internas y una percepción de que la eficiencia económica se colocaba por encima del bienestar del paciente. Uno de los aspectos más preocupantes de las denuncias ha sido la reutilización de material sanitario de un solo uso, como catéteres. Los empleados afirmaron que ciertos productos, destinados a ser usados una sola vez, eran esterilizados y reutilizados varias veces, en algunos casos hasta diez.
La Asociación El Defensor del Paciente ha solicitado a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, investigar estas prácticas tras recibir nuevas denuncias.
DÍAZ AYUSO SALE AL QUITE
Tras varios días de silencio, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso intervino este viernes públicamente para asegurar que cualquier mala práctica será erradicada. Sin embargo, la filtración de los audios y los despidos han intensificado el debate sobre el papel de las empresas privadas en la gestión de hospitales públicos madrileños y sobre la supervisión que las autoridades sanitarias deben ejercer en estos contratos.
El caso del Hospital de Torrejón ha reabierto también la discusión sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la sanidad gestionada por empresas privadas. La tensión entre las decisiones empresariales y la garantía de atención médica segura y de calidad refleja un riesgo inherente a la externalización de servicios sanitarios.
Para algunos expertos, estos hechos muestran la necesidad de controles más estrictos, auditorías periódicas y canales de denuncia efectivos dentro de los hospitales gestionados por terceros. Además de las implicaciones jurídicas y administrativas, la crisis tiene un impacto sobre la percepción pública de la sanidad en Madrid.
La filtración de audios y las denuncias sobre la gestión del hospital han generado dudas sobre si el modelo de colaboración público-privada puede garantizar la atención de calidad sin que las decisiones económicas influyan en la atención de los pacientes. La situación también pone a prueba la capacidad de la administración regional para supervisar y regular de forma efectiva los contratos con empresas privadas, asegurando que la prioridad siga siendo la salud de los ciudadanos.
El caso ha generado debate político y social. Mientras algunos sectores afines al liberalismo económico defienden la externalización como una forma de reducir costes, otros señalan que la gestión de hospitales públicos debe estar guiada por criterios sanitarios y no económicos.
En este contexto, las investigaciones judiciales y administrativas son clave para determinar si hubo irregularidades que requieran medidas correctivas. La Asociación El Defensor del Paciente ha solicitado que se actúe con celeridad para garantizar que no se repitan prácticas que puedan comprometer la seguridad de los pacientes y para restaurar la confianza en la sanidad pública.
