Se llama Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas (Ilece). Su razón de ser es la de medir la libertad económica de los ayuntamientos. Para ello, se basa en las diferentes políticas públicas adoptadas por cada uno de ellos. Y el resultado es apabullante: sólo tres, de las cincuenta analizadas, alcanzan lo que podríamos calificar con un bien (es decir, un seis). Es decir, ligeramente por encima del aprobado raspado.
La pregunta es: ¿qué calificación reciben los denominados como ayuntamientos del cambio, esos que se pusieron por bandera acabar con la vieja política impulsando, sobre todo, medidas sociales? Pues los ayuntamientos bajo el bastón de mando de Manuela Carmena (Madrid), Ada Colau (Barcelona), Joan Ribó (Valencia), Pedro Santisteve (Zaragoza), o Julio José Ferreiro (A Coruña), han aprobado ‘al límite’ (caso de Zaragoza), o han suspendido. En este último supuesto están Madrid, Barcelona y Valencia. La excepción es A Coruña, que alcanza la cuarta plaza con 59,8 puntos sobre cien.
Elaborado por la Fundación para el Avance de la Libertad, las mejores notas son para Alicante (en manos del PP, con 62 puntos), Almería (también de los populares, con 61 puntos) y Castellón (del PSPV, con 60 puntos). Un terceto compuesto por los únicos en alcanzar la calificación de libertad económica moderada.
“Las ciudades españolas analizadas tienen ante sí el reto de reducir los altos niveles de endeudamiento municipal allí donde aún persisten, contener el gasto público y la contratación, y reducir, en la medida de su capacidad normativa, la tributación local”, apuntan desde Ilece. Y apostillan que “los ayuntamientos necesitan prescindir de empresas municipales”. Es conveniente, concluyen, “introducir elementos de competencia o, al menos, de comparabilidad entre proveedores externalizados”.
LOS RETOS INCUMPLIDOS
Cuatro son las grandes áreas que mide el Ilece: desempeño económico del municipio, magnitud de su plantilla, intervencionismo económico y presión fiscal. Y lo hace en base a los datos publicados por los propios ayuntamientos, la administración central, y otras fuentes. A un lado quedan factores autonómicos y estatales sobre lo que los consistorios no tienen capacidad decisoria.
De las cuatro áreas, y situando el foco en Madrid y Barcelona, la Ciudad Condal tiene una mejor calificación que Madrid en desempeño económico, estando por encima el consistorio madrileño en intervencionismo económico y presión fiscal. En magnitud de la plantilla, ambos presentan idénticos guarismos.
Otro estudio al respecto, como el de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, pone de manifiesto que sólo Zaragoza y Barcelona han mejorado en políticas sociales, destinando una parte relevante de su presupuesto a este fin (entre el 11% y el 12%). Madrid ‘pincha’, con el 8,9%. Y el Observatorio de Servicios Urbanos (Osur) hace hincapié en que todos los habitantes de estas ciudades han empeorado su percepción respecto a los servicios municipales, salvo Zaragoza.
Otros retos incumplidos por los ayuntamientos del cambio tienen que ver con limitar el precio del alquiler. Barcelona ha tenido, en este campo, luces y sombras, ya que ha incrementado las ayudas al alquiler pero no ha puesto sobre la mesa el número de viviendas públicas que prometió (solo una de las cuatro prometidas). En cuanto a los delitos, únicamente ha bajado su número Cádiz, según el Ministerio del Interior.
Pero no todo son malas noticias. En el plano meramente económico, casi todos los ayuntamientos del cambio han reducido su deuda, aunque siguen estando con un nivel elevado. Así, y según el Banco de España, Manuela Carmena ha desinflado la deuda de 5.636 millones a 3.424; Joan Ribó, de 711 a 439 millones; y Pedro Santisteve, de 1.069 a 855 millones. Ada Colau no ha podido seguir la senda, incrementándola en un millón de euros.
