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El Consejo General del Poder Judicial no se puede permitir el lujo de cesar su actividad durante la crisis del coronavirus. Al menos, así lo ha reconocido en un comunicado en el que pide a los jueces y a todos los funcionarios del país mantener los servicios mínimos, ya que su actividad es fundamental para la sociedad. El CGPJ ha enviado un comunicado a todas las comunidades autónomas para solicitarles que mantengan la actividad judicial imprescindible tras saber que algunas administraciones autonómicas han propuesto que los funcionarios del ámbito de la justicia cesen su actividad (o teletrabajen) mientras dure el estado de alarma.

“La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha tenido conocimiento de algunas iniciativas previstas por algunas Comunidades Autónomas con competencia en materia de medios personales y materiales de la Administración de Justicia en relación con el régimen de asistencia del personal colaborador que presta servicio en Juzgados y Tribunales, orientadas a establecer un llamado «régimen de disponibilidad» y no presencial”, han detallado. “La Comisión Permanente valora y concluye que semejantes iniciativas impedirían, en la práctica, la prestación de los servicios esenciales de la Administración de Justicia”, prosigue.

Algunas comunidades han previsto que sus trabajadores no asistan a sus puestos durante el estado de alarma. Algo que ha llevado al Consejo General del Poder Judicial a dar un golpe sobre la mesa y recordar que la Justicia no es algo que se pueda suspender durante el estado de alarma.

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“Afrontamos como comunidad una grave crisis provocada por el azote del COVID-19 y pese a ello reconforta observar que son muchos los que están dando lo mejor de sí mismos en beneficio de todos. Lo está haciendo el personal sanitario, sumando incluso los esfuerzos de profesionales jubilados y de jóvenes estudiantes de último año. Lo está haciendo también el personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las Fuerzas Armadas, entre otros, en el servicio público; y en el privado, tantas personas que trabajan en servicios esenciales, como el transporte, la alimentación, que aseguran el abastecimiento, farmacias, y tantos otros. Es justo reconocer a todos ellos su entrega y esfuerzo y estar agradecidos”, aseguran en el comunicado. Y los funcionarios del ámbito de la Justicia no pueden ser menos. Algo que no tardan en recordar.

“La actuación de los jueces es no solo expresión de uno de los Poderes del Estado, sino el garante último de los derechos de los ciudadanos en toda circunstancia, muy especialmente en la actual del estado de alarma y, por tanto, constituye un servicio esencial a la comunidad que no puede ser suspendido ni gravemente limitado. Es precisamente en los momentos de crisis cuando a cada cual le corresponde cumplir su compromiso con los demás. Es el momento de dar, ser y demostrar la medida de nosotros mismos. Ni la Administración de Justicia ni sus servidores estamos eximidos de ese compromiso y es ahora, más que nunca, cuando se nos debe exigir un ejercicio de responsabilidad”, aclararan.

Lo que recuerda básicamente el CGPJ a todos los trabajadores de la administración de la Justicia es que ellos no son menos que los profesionales sanitarios, los policías o cualquier otro funcionario público que ahora, en plena crisis, está dando lo mejor de sí.

Iglesias

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“Entre dichas medidas no se contempla en modo alguno el abandono de los servicios públicos y menos aún el propio de la Administración de Justicia”, comentan. Este mensaje contundente ha caído como una bomba en las administraciones autonómicas, ya que es un correctivo que ha obligado incluso a la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, a someterse a la voluntad de la máxima institución de la Justicia.

El Ministerio de Justicia está de acuerdo con la consigna que ha impuesto el Consejo General del Poder Judicial. Juan Carlos Campo, el ministro, también considera que la Justicia no se puede dar la baja preventiva por el coronavirus, razón por la cual los funcionarios autonómicos tendrán que ponerse las pilas y dejar a un lado el teletrabajo y la cuarentena para poner en marcha los servicios mínimos.

“Ha de ponerse también de manifiesto en el comportamiento y actitud de todos los servidores de la Administración de Justicia. Los primeros, los jueces y magistrados, tanto en sus manifestaciones individuales como en las que lleven a cabo a través de sus asociaciones profesionales”, recuerdan desde el Consejo. Todo ello para lanzar un mensaje de cierre aún más contundente: “La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial exige a las Administraciones con competencia en medios personales y materiales de la Administración de Justicia y a todos sus servidores públicos que se abstengan de adoptar medidas que, directa o indirectamente, impidan o dificulten el cumplimiento de los servicios esenciales de la Administración de Justicia definidos en los acuerdos adoptados”.

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