Ciudadanos ha registrado este miércoles casi 70 enmiendas a la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), impulsada por la Ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, con las que intentarán «reducir al mínimo» el daño que esta norma, creen, va a causar en el sistema Educativo español y también proponer algunas medidas contra la pandemia.
La formación naranja recuerda que en su día presentó una enmienda a la totalidad del texto para que se devolvier al Gobierno y, por tanto, se opone a la tramitación del mismo, siendo partidario, como alternativa, a la creación de un Pacto de Estado por la Educación que pemrita crear una legislación consensuada entre todas las formaciones políticas.
Es por eso que, según explican, las enmiendas presentadas buscan «reducir al mínimo el daño» que hará su tramitación. Para ello, las iniciativas que han incluido «inciden en el compromiso de Ciudadanos con la libertad de elección de los padres y la igualdad de los alumnos en toda España». Además, «recuerdan las principales carencias de la ‘Ley Celáa’ y pretenden ser una hoja de ruta para el Pacto de Estado por la Educación».
Así, entre las principales propuestas que realizan para modificar el texto está el blindaje de la escuela concertada y de la libertad de elección de los padres «frente a los prejuicios ideológicos de los políticos»; garantizaremos la coexistencia de centros ordinarios y centros de educación especial; que el castellano sea «lengua vehicular en toda España» y garantizar su conocimiento y una «selectividad única en toda España».
CRITICAN LA TRAMITACIÓN DURANTE LA PANDEMIA
Los de Inés Arrimadas apuestan también por la creación de una «AIREF educativa», es decir, una Agencia Independiente de Evaluación Educativa, que sería la encargada de «evaluar de manera independiente los resultados del sistema educativo y proponer reformas».
Sus enmiendas también recogen una reducción de ratios de alumnos, que el Estado financie la presencia de profesionales de la salud en las escuelas públicas y concertadas, para garantizar la seguridad de los alumnos; la puesta en marcha de un sistema de préstamo de tabletas con conexión a Internet; un programa de tutorías en grupos reducidos para recuperar las clases perdidas por el Covid19; préstamo de libros para garantizar el derecho a la Educación; recuperar la Filosofía y las lenguas clásicas, y reforzar las Humanidades, así como una asignatura de Constitución en todas las escuelas de España.
La portavoz de Educación del partido, Marta Martín, ha explicado que Celaá no ha tenido en cuenta a la comunidad educativa para la redacción de la LOMLOE, así como que el Gobierno «esté dispuesto a abrir el melón de su contrarreforma educativa en estos momentos, en plena segunda ola de la pandemia», cuando, a su juicio, la incertidumbre de las familias «es enorme». «Con esta actitud, el Gobierno vuelve a demostrar lo que le importa la educación: nada», ha señalado.
«UNA IRRESPONSABILIDAD»
«Tramitar una ley mala, sectaria e ideológica, que no han consensuado ni con la oposición ni con las comunidades autónomas, ni con la comunidad educativa solo va a servir para alimentar una nueva polémica y para distraer la atención de lo que ahora es urgente«, considera la diputada.
Desde Ciudadanos, apunta, cree que el PSOE debe abandonar su manera de entender la Educación «como arma arrojadiza» que durante décadas ha practicado el bipartidismo y debe entender que «politizar la Educación no solo es una irresponsabilidad, sino una forma de hipotecar el futuro de las próximas generaciones». En este sentido, ha señalado que Ciudadanos «siempre defenderá un auténtico Pacto de Estado» en esta materia que «impida que legislatura tras legislatura, cada gobierno de turno impulse su propia ley con una fecha de caducidad ligada a la del Ejecutivo».
Martín ha señalado, por otra parte, lo que considera una «irresponsabilidad» del Gobierno, y es que este diga «por activa y por pasiva que no tiene competencias en Educación para gestionar la ‘vuelta al cole'» y ahora «utilice el Parlamento para agilizar una ley educativa que el Ministerio no ha consensuado con nadie». «Para eso se ve que sí tienen competencias y urgencia», ha concluido.
