El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha señalado este miércoles en el Senado que la institución no ha recibido «prácticamente» respuesta adecuada de las comunidades autónomas en relación a las sugerencias realizadas ante la situación que han vivido las residencias de mayores durante la pandemia del coronavirus.
Ha precisado, no obstante, que no ha pasado mucho tiempo dado que hizo las sugerencias en abril y ha avanzado que se dará debida cuenta de las mismas en el informe correspondiente a 2020.
Tal y como ya hiciera en el Congreso, Fernández-Marugán ha recordado que recomendaron a las autonomías el refuerzo de la asistencia sanitaria, la dotación de equipos de protección a todo el personal, suplir las bajas laborales, garantizar la información a las familias, permitir que los mayores no contagiados pudrieran volver con las familias durante la crisis sin pérdida de la plaza y adoptar protocolos que facilitasen a los familiares la despedida del residente terminal.
«Eso está ahí, en manos de las comunidades autónomas», ha reiterado en su comparecencia para dar cuenta de los informes e la Institución correspondientes a 2018 y 2019. Así, ha recordado que dirigió una queja de oficio en los primeros días de abril de 2020 con todas las consejerías de sanidad y con todas las consejerías de política social de las CCAA, para conocer la respuesta dada en cada territorio a esta emergencia sanitaria.
Sobre el «tema candente» de las residencias de mayores, tal y como la ha definido, ha recordado que se inició una investigación en 2017 para tener una «visión global» de la atención que se presta a las personas mayores en las residencias.
Dichas actuaciones, según ha reiterado, han permitido concluir que existen «disfunciones y carencias que hay que corregir» mediante «reformas normativas de calado y una revisión profunda del modelo».
Así, Fernández Marugán cree necesario aumentar el número de plazas; revisar al alza las ratios de personal de atención directa para mejorar la calidad asistencial; que las comunidades autónomas mejoren y aumenten su capacidad inspectora; y que se incremente la atención sanitaria y la formación del personal que atiende a los mayores.
También aboga por que las comunidades autónomas realicen un esfuerzo de actualización y armonización para solventar la actual dispersión normativa sobre los requisitos que deben reunir los centros residenciales para su acreditación y posterior autorización de funcionamiento.
Además, Fernández Marugán ha pedido que se regulen mediante Ley Orgánica aspectos que afectan a derechos fundamentales, como son el ingreso involuntario de los residentes con deterioro cognitivo o psíquico o las sujeciones físicas. Para el Defensor, los problemas que ya arrastraban las residencias se han dejado ver con más crudeza a lo largo de la pandemia.
Durante su comparecencia, el Defensor ha reiterado que la inmigración contribuye a la «sostenibilidad demográfica» y ha repasado la contribución que realiza la población migrante a la economía. Así, ha asegurado que «si los ocupados extranjeros abandonaran mañana mismo el mercado laboral, el nivel de empleo de la economía caería un 20%, por debajo del nivel de empleo alcanzado antes de la crisis económica».
Por otra parte, ha vuelto a insistir en que no existe un «efecto llamada» sino un «efecto expulsión». También ha recordado que 2018 acabó con 55.000 nuevas solicitudes de protección internacional, mientras que en 2019 se produjo un récord histórico alcanzando las casi 120.000, por lo que la capacidad de la administración para tramitarlas se ha visto «desbordada».
Además, ha recordado que precisamente este miércoles hace un año del fallecimiento en un centro de menores de Almería de Elias Tajeri, algo que, según ha recordado, ha llevado a la institución a recomendar un cambio normativo para abolir sujeciones mecánicas en este tipo de instalaciones. Fernández Marugán ha admitido que tiene la impresión de que estos jóvenes están «abandonados a su suerte» y ha advertido de que no puede volver a morir ningún joven en esas circunstancias en España.
En materia sanitaria, se ha mostrado confiado en que finalmente se logre alcanzar «el gran acuerdo político y social que necesita España para fortalecer las capacidades del Sistema Nacional de Salud».
Igualmente, sus primeras palabras han sido para la violencia de género, que considera «el atentado más importante contra los derechos de las mujeres en España, porque afecta a su libertad, a su derecho a la igualdad de trato, a su derecho a la vida y a su integridad física y moral». En su opinión, para combatir los crímenes machistas es necesaria «la participación de la sociedad en su conjunto, en colaboración con las administraciones y todas las instituciones y asociaciones que trabajan en este campo».
CRÍTICAS DEL PP Y RECONOCIMIENTO DEL PSOE
Durante el debate, el senador del PP José Ignacio Landaluce ha reprochado al Defensor no haber hecho más visitas a residencias de mayores en los años precedentes y le ha conminado a comparecer ante el Parlamento para dar cuenta de las actuaciones que ha realizado durante la pandemia del coronavirus e informar de la respuesta del Ejecutivo a sus sugerencias.
Por su parte, la senadora del PSOE, María Isabel Fernández, que intervenía por primera vez ante el pleno de la Cámara Alta, ha defendido la labor de la institución y ha asegurado que la ciudadanía recordará quién trabajó por su país y ha ofrecido a su formación para trabajar de la mano del Defensor. Sobre la revisión del sistema residencial, ha asegurado que se está en ello.
