“Somos abogados y, como tales, somos ‘abogados de parte’; o sea, del Gobierno”, con esta frase lapidaria se ha lamentado a MONCLOA.COM un destacado miembro de la Abogacía del Estado, tras lo sucedido en los últimos días con la calificación de los delitos presuntamente cometidos por los políticos independentistas en el 1-O.
Dentro del estamento de la Abogacía del Estado provocó un profundo malestar la orden recibida de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, para “descafeinar” su escrito y la calificación de presuntos delitos a raíz del referéndum de independencia en Cataluña.
Fuentes de la propia Abogacía habían hecho llegar a este medio el “estado de cabreo” provocado por los acontecimientos, que era generalizado. “No puedo decir nada”, fue una de las respuestas obtenidas ante nuestras preguntas. “De momento, mejor no hacer comentarios”, fue otra de ellas.
“Somos funcionarios al más alto nivel, que componemos un bufete de lujo para proporcionar argumentos jurídicos con los que revestir los intereses del gobierno de turno. Si cambian los intereses, cambiamos los argumentos. Ya lo dijo Groucho Marx: estos son mis principios, pero si no les gustan tengo otros”, argumentó uno de ellos.
Hasta el ministro de Fomento y ‘número tres’ del PSOE, José Luis Ábalos, ha llegado a admitir claramente que “el Gobierno siempre usa a la Abogacía del Estado, siempre». Este sometimiento al Poder Ejecutivo “perjudica gravemente nuestra imagen”, señalan fuentes de la Abogacía. “Nuestra labor es generalmente callada, pero muy importante. Nuestro trabajo afecta al ciudadano en aspectos de su vida cotidiana que difícilmente podría imaginar”.
“También hemos trabajado en grandes causas, como el caso Odyssey, el del tesoro del barco ‘Nuestra Señora de las Mercedes’, cuando en 2009 el juez de Tampa Bay, en Florida, falló a favor de España en el litigio con la compañía estadounidense de cazatesoros Odyssey Marine Exploration”.
La Justicia de Estados Unidos dictaminó que el buque de guerra hundido “Nuestra Señora de las Mercedes” era español y, por tanto, el pecio y las 500.000 monedas de oro y plata encontradas por Odyssey debían ser devueltos a España, en contra de lo que los estadounidenses pretendían.
“Jamás se había producido un distanciamiento y unos recelos tan grandes entre un ministro de Justicia y este colectivo”, subrayan a MONCLOA.COM estas fuentes. El problema radica en que la ministra Dolores Delgado cree que muchos abogados del Estado proceden de familias acomodadas y conservadoras en las que, en muchos casos, ha habido antes otros abogados del Estado (padres o abuelos).
Esto se debe a que sólo una posición económicamente desahogada permite preparar a fondo, durante años de estudio en exclusiva, sin otra actividad (por tanto, sin trabajar), una de las oposiciones más difíciles de acceso al funcionariado. Aunque siempre haya excepciones.
Estas características hacen que el colectivo esté generalmente más próximo a las ideologías conservadoras. Basta recordar que Mariano Rajoy quiso rodearse de juristas “de alto nivel”, como su vicepresidenta de Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, o la hoy caída en desgracia María Dolores de Cospedal, que fue ministra de Defensa y secretaria general del PP, hasta que MONCLOA.COM destapó sus reuniones con Villarejo. Ambas son abogadas del Estado.
DELGADO TEME QUE SE «FILTREN» INFORMACIONES
Por esto, Dolores Delgado teme que desde el colectivo de abogados del Estado se “filtren” informaciones comprometedoras tanto al Partido Popular como a la prensa más conservadora, la “prensa enemiga”, como han llegado a calificarla en el Ministerio de Justicia.
Para complicar aún más las cosas, todas las asociaciones de jueves y fiscales, progresistas y conservadoras, tienen previsto un paro el próximo 19 de noviembre, casi seis meses después de la primera huelga general conjunta del pasado 22 de mayo.
En la huelga de mayo gobernaba Rajoy y su ministro de Justicia era Rafael Catalá. Entonces, la hoy ministra Delgado estaba al otro lado de las pancartas. Protestaban por la precariedad de medios con la que se dota a la Justicia en España y las penosas condiciones en las que trabajan jueces y fiscales en nuestro país.
Para intentar aplacar los ánimos, la ministra Delgado convocó a todas las asociaciones de jueces y fiscales a una reunión, a la que la conservadora Francisco de Vitoria (AJFV) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ya han anunciado que no acudirían.
La Asociación Profesional de la Magistratura, también de tinte conservador, y la Asociación de Fiscales no rechazaron la invitación de manera oficial, pero tampoco confirmaron su asistencia, cosa que sí hicieron la Unión Progresista Fiscal, Jueces y Juezas para la Democracia y Foro Justicia Independiente.
