La Guardia Civil, en el marco de la operación «Perla», ha llevado a cabo la desarticulación de una red criminal dedicada a la introducción de migrantes y elevadas cantidades de hachís en España. Lo hacía a través de las costas de Andalucía desde Ceuta a través de potentes embarcaciones.
Fruto de la operación el instituto armado ha detenido a un total de 89 personas e investiga a otras 39 en las provincias de Málaga, Cádiz y Ceuta. Se les imputan delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, contra los derechos de ciudadanos extranjeros, contrabando, hurto de uso de vehículo a motor, tenencia ilícita de armas y falsedad documental.
Mientras se desarrollaba la investigación policial, la Guardia Civil tuvo constancia de once entradas de migrantes a las costas de Andalucía. Mediante ellas habrían llegado 269 personas y una mercancía superior a los 10.700 kilos de hachís.
MIGRANTES Y HACHÍS
La investigación se inició después de que la Guardia Civil tuviese conocimiento de la existencia de una importante organización que podría estar introduciendo grandes partidas de hachís y numerosos migrantes en el sur de España.
Para llevar a cabo su ilícita actividad, la organización criminal recurría al uso de embarcaciones semirrígidas. Estas son muy rápidas y tan solo cuentan con medidas de seguridad para la tripulación, con asientos con barras y cinturones de seguridad para evitar posibles lesiones.
En este caso, los migrantes iban sentados en el suelo con el riesgo para su integridad que ello supone. No tenían a su disposición chalecos salvavidas y carecían de otras medidas de seguridad como barras para el agarre, luces…. De esta manera, la organización ponía en riesgo la vida de estas personas, sobre todo teniendo en cuenta la elevada velocidad que llegan a alcanzar sus embarcaciones y que este tipo de grupos criminales aprovechan los temporales para efectuar este tipo de actividades.
En ocasiones, los transportes partían a plena luz desde Ceuta y llegaban a las costas de Andalucía con luz diurna. Esta circunstancia generaba cierta alarma social entre la población al ser testigos de la situación.
Además, uno de los integrantes del grupo criminal presumía de salir impune de la actividad ilegal que realizaban. Lo hacía a través de las redes sociales, donde publicaba vídeos relacionados con la misma.
5.000 EUROS POR VIAJE
La organización criminal cobraba a los migrantes 5.000 euros por el viaje. Una vez que llegaban a la Península eran recogidos en vehículos. El fin de ello era asegurarse que los familiares pagaban el dinero convenido previamente con el grupo delictivo.
Tanto la introducción de migrantes como los alijos de hachís eran realizados hasta las costas de Málaga y Cádiz. Para ello, el grupo disponía de «puntos», personas encargadas de advertir la posible presencia de miembros de los cuerpos policiales antes de llevar a cabo los alijos. De esta manera trataban de eludir la presión policial y no verse sorprendidos mientras hacían llegar a las costas la droga.
Para percatarse de la presencia de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, disponían de un sofisticado sistema de radares. Este estaba desplegado en la Costa del Sol, ubicados en altos bloques de apartamentos. De esta manera podían controlar el tránsito de las embarcaciones policiales, lo que les permitía culminar con éxito sus ilícitas operaciones.
MÁS DE 10 TONELADAS DE HACHÍS
Durante el tiempo en el que se desarrolló la investigación, la Guardia Civil tuvo constancia de la llegada de 11 entradas de migrantes. Estas supusieron la llegada de 269 personas y una mercancía que alcanza los 10.700 kilos de hachís.
En los diferentes registros practicados, los agentes de la Benemérita han intervenido más de 10 toneladas de hachís y han incautado 26 embarcaciones y 29 vehículos, de los cuales tres de ellos habían sido sustraídos con anterioridad. Asimismo, se han aprehendido 250.000 euros en efectivo; 12 armas de fuego (4 cortas y 8 simuladas); 2.300 litros de combustible; y diferente material de comunicaciones y vigilancia, tales como inhibidores, teléfonos satelitales, radar…
«EL BICHO», LA GOMA DE GRANDES DIMENSIONES
En septiembre de 2018, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Ceuta logró interceptar una goma, como se conoce en el argot de los delincuentes a este tipo de embarcaciones, de gran tamaño, apodada «El Bicho». Esta se había dedicado durante todo aquel verano a introducir migrantes en la Península. En esta intervención se detuvo a sus tres pilotos, todos ellos ceutíes.
El Servicio Marítimo estuvo durante semanas tras la pista de la goma, que no tuvo reparo alguno a la hora de embestir a las embarcaciones de la Guardia Civil, sin importarle la seguridad de quienes viajaban en ella. Las personas que iban en ella emprendieron una huida en todas las direcciones.
Dada la gran desbandada acontecida, las patrullas de tierra de la Guardia Civil se vieron obligadas a peinar todo el terreno. La razón principal era asegurarse de que no había personas atrapadas entre las rocas. Además, los GEAS pudieron recuperar uno de los tres motores de la embarcación, que cayó al agua tras uno de sus encontronazos con la lancha de la Benemérita.
En aquel desembarco, «El Bicho» llevaba a bordo cerca de 50 personas, entre las que se encontraban tres mujeres, dos de ellas embarazadas. La mayoría de los migrantes eran de Tetúan (Marruecos). De hecho, la gran mayoría de las personas que llegaban a las costas andaluzas de manera ilegal eran de esta nacionalidad.
EMBARCACIÓN PROHIBIDA
Esta goma era muy conocida entre los agentes por la gran virulencia con la que llevaba a cabo los pasos. Tras intervenirla se pudo comprobar como contaba en su interior con más de 300 litros de gasolina, pero sin chalecos salvavidas. No obstante, los tres pilotos llevaban cascos integrales para evitar posibles lesiones.
Esta lancha intervenida tenía más de 12 metros de eslora y portaba tres motores de 350 CV. Estas dimensiones y potencia hacen que se considere una embarcación prohibida de acuerdo al Real Decreto-ley 16/2018, que adopta medidas contra la lucha del tráfico ilícito de personas y mercancías. En este se consideran prohibidas las embarcaciones con una eslora total igual o menor a 8 metros que tenga una potencia igual o superior a 200 CV, así como todas aquellas en las que la eslora total supere los 8 metros.
Durante el desarrollo de la operación se han practicado un total de 48 registros domiciliarios. De ellos, 27 tuvieron lugar en Ceuta, donde el Servicio Marítimo de la ciudad autónoma logró incautar 28 fardos de droga arrojados desde una narcolancha, que logró darse a la fuga. En la operación «Perla» han participado 500 agentes.
