La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este miércoles que el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos no tiene constancia de que se haya espiado al presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, a través de su teléfono móvil y le ha animado a presentar una denuncia para que se investiguen los hechos.
«El Gobierno no tiene constancia de que el presidente del Parlamento catalán haya sido víctima de un ‘hackeo’ o una sustracción de su móvil. Cuando se producen cuestiones de este tipo, el procedimiento es poner en conocimiento de la autoridad judicial la sustracción, ‘hackeo’ o intervención del aparato y que se pueda investigar si se ha producido y en qué circunstancias», ha declarado.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha contestado así cuando le han preguntado por la investigación de ‘El País’ y ‘The Guardian’. Según estos diarios, el teléfono del diputado de Esquerra Republicana de Catalunya fue atacado entre abril y mayo de 2019 con un programa espía a través de un fallo de seguridad de WhatsApp, que abrió la puerta a su instalación en el teléfono de Torrent y de 1.400 móviles en el mundo.
Este programa, llamado Pegasus, fue desarrollado por la compañía israelí NSO y solo se vende a gobiernos y fuerzas y cuerpos de seguridad para combatir el crimen y el terrorismo, según han explicado fuentes cercanas a Europa Press.
MONTERO DICE HABERSE ENTERADO POR LA PRENSA
La ministra, que no ha aclarado si el Ejecutivo de Pedro Sánchez va a promover una investigación interna para aclarar esta cuestión, ha señalado que «cualquier intervención de un móvil requiere una autorización judicial previa».
«Poco más tiene que decir el Gobierno, que respeta la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las actuaciones judiciales que hubiere lugar», ha manifestado, añadiendo que se ha enterado de este asunto poco antes de iniciar la rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, al leer la información publicada.
Torrent ya ha anunciado que llevará a cabo «todas las acciones políticas y legales que sean necesarias» para que se esclarezcan los hechos. Tras afirmar que en España «se practica el espionaje contra los adversarios políticos», ha instado al Gobierno a depurar responsabilidades.
Desde su punto de vista, si el Gobierno central tenía conocimiento de estos hechos, sería cómplice; y si no estaba al tanto, lo consideraría un síntoma «muy preocupante de negligencia política y desconocimiento de presuntas prácticas ilegales».
