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Bruselas está muy interesada en hacer realidad el modelo GovSatcom para sus operaciones militares y evitar escuchas ilegales

Representantes oficiales de los ministerios de Defensa de más de una docena de países miembros de la Unión Europea se han reunido en Madrid para poner en marcha de forma inmediata un fondo común de satélites de comunicaciones seguros.

El objetivo es que puedan ser utilizados por los Gobiernos y las Fuerzas Armadas de aquellas otras naciones europeas que no disponen de plataformas espaciales con las máximas garantías de confidencialidad.

El despegue formal de la iniciativa se ha tomado en el marco de una reunión  celebrada el martes, 15 de enero, en la sede del Ministerio de Defensa, en pleno paseo de la Castellana, y presidida por una delegación española encabezada por el general de división del Aire, Salvador Álvarez Pascual, subdirector de Gestión de Programas de la dirección general de Armamento y Material.

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La reunión contó con la presencia del director ejecutivo de la Agencia Europea de Defensa de la Unión Europea ‒EDA, por su acrónimo en inglés‒, el diplomático español Jorge Domecq, para quien el proyecto va a brindar la oportunidad “de probar su gobernanza y cumplir con nuestros objetivos y metas comunes”. Domecq está al frente de la citada Agencia desde enero de 2017 y en mayo de 2017 fue ratificado en su cargo hasta febrero de 2020.

Denominado GovSatcom ‒acrónimo en inglés de Governmental Satellite Communications‒, el pacto recién activado en la capital española consiste en establecer de forma inmediata una fase de demostración de un modelo de alquiler que permita poner en común y compartir las capacidades de comunicaciones satelitales excedentes que poseen algunos gobiernos ‒como es el caso de Alemania, Francia, Italia, España y Luxemburgo‒, con aquellas otras naciones europeas que carecen de ellas y aspiren a tener o reforzar sus transmisiones vía satélite.

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Las Fuerzas Armadas europeas requieren comunicaciones vía satélite encriptadas para enlazar con sus barcos, submarinos y unidades terrestres en operaciones por el mundo.

Bautizada GSC Demo, la iniciativa pretende evaluar durante dos años un modelo de gobernanza entre países aliados para intercambiar y compartir capacidades de comunicaciones sobrantes, todo ello con un grado de seguridad del que no disponen las plataformas comerciales de comunicaciones. Esos son los objetivos y metas comunes a los que hizo alusión Domecq en la reunión de Madrid, como un primer paso para facilitar “la autonomía estratégica europea”, subrayó el director ejecutivo de la EDA.

Curiosamente, la implantación de GovSatcom coincide con un difícil periodo por el atraviesan los operadores de satélites comerciales, como Intelsat, Eutelsat, SES, Hispasat, Telesat y otras. Existe un sobredimensionamiento de la oferta comercial debido a la gran cantidad de este tipo de satélites en servicio, cuyo número se estima en cerca de 700.

Su prolongada vida operativa en órbita ‒entre 10 y 15 años‒ y el mayor número de enlaces de transmisiones que pueden llevar a cabo incluso ha reducido de manera ostensible el número de pedidos de fabricación de nuevos satélites.

La fase de demostración de GovSatcom llega con seis meses de retraso. Holger Lueschow, gerente del programa de comunicaciones satelitales de la EDA, anunció hace 14 meses que la puesta en marcha sería una realidad “en el verano de 2018”. Pero dificultades legales y administrativas en el seno de la Unión Europea han pospuesto hasta ahora dar la luz verde al proyecto.

ESPAÑA Y BRUSELAS, INTERESADAS EN EL ÉXITO DE GOVSATCOM

El periodo demo que ahora arranca se enmarca en el seno de la Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión Europea y responde a una necesidad expresada en el Plan de Desarrollo de Capacidades 2018 de la EDA y las prioridades que del mismo se derivan.

El estudio de viabilidad del proyecto europeo GovSatcom se inició hace seis años bajo el impulso y liderazgo del Ministerio de Defensa que entonces dirigía Pedro Morenés y cuya titularidad ahora ocupa Margarita Robles.

Para la definición de los requisitos militares que debían cumplir los satélites adscritos a la iniciativa GovSatcom se ha contado con la colaboración del Estado Mayor de la Defensa (EMA), a cuyo frente está el general de Ejército Fernando Alejandre, y de la Secretaria General de Política de Defensa, que encabeza el almirante Juan Francisco Martínez Núñez.

También tiene el apoyo del operador de servicios estratégicos Hisdesat, la sociedad encargada de prestar comunicaciones seguras vía satélite en el ámbito de Defensa, las Fuerzas Armadas y los ministerios de Interior y Exteriores, principalmente.

Bruselas está muy interesada en hacer realidad el modelo GovSatcom para evitar escuchas ilegales, ya que el modelo que ahora se pone sobre la mesa favorece al máximo la utilización de los satélites altamente protegidos de los que ya disponen algunos de sus países miembros.

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El satélite británico Skynet 5D pesa más de 4,5 toneladas. En la imagen, con los paneles solares plegados antes de su puesta en órbita. Foto: Arianspace

De llegar a hacerse realidad el proyecto tras la fase de demostración que concluirá a principios de 2021, la optimización de los recursos espaciales nacionales servirá para apoyar las muchas misiones con fuerzas militares e incluso civiles que la Unión Europea desarrolla fuera de las fronteras del viejo continente, principalmente en Europa, África, Asía y las aguas del Mediterráneo y el Índico.

De este modo, la iniciativa GovSatcom evitaría que la UE tenga que invertir importantes sumas de dinero de los contribuyentes europeos para dotarse de satélites propios de comunicaciones.

La propia Comisión Europea y sus diferentes instituciones serán también usuarios y clientes del sistema GovSatcom, que facilitará que los altos directivos de Bruselas puedan establecer comunicaciones intercontinentales de voz y datos con sus representaciones del Servicio Exterior sin temor a ser escuchados, interceptados, distorsionados o grabados por potencias competidoras, como puede ser el caso de Estados Unidos, China o Rusia.

LOS SATÉLITES LLEGAN DONDE LAS INFRAESTRUCTURAS NO PUEDEN

Además, hay que tener en cuenta que las infraestructuras de redes terrestres no están disponibles en todas las partes del mundo, ya sea por estar dañadas, sobrecargadas o ser inexistentes por diferentes causas, principalmente por una alta despoblación o por una geografía muy accidentada. Es entonces cuando los satélites se presentan como la alternativa más rápida, flexible y segura.

Junto con España, que preside el grupo de gestión de la fase de demostración bajo la batuta del general Carlos de Salas, jefe de Sistemas C4ISR y Espaciales del ministerio de Defensa, participan Alemania, Austria, Bélgica, Estonia, Francia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Suecia y el Reino Unido. Noruega, que no forma parte de la Unión Europea, concurre como nación asociada.

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La reunión de Madrid del 15 de enero fue el despegue de la fase de demostración de GovSatcom. En el centro Pedro Domecq, director ejecutivo de la EDA, y el general Álvarez Pascual, subdirector de Gestión de Programas de Defensa.

El sistema de gobernanza de GovSatcom está emplazado en Bruselas y tiene la misión de poner en relación las demandas de los países que no disponen de comunicaciones satelitales ‒como puede ser el caso de Austria, Estonia, Letonia, Lituania, Noruega o Portugal‒, con aquellas otras que si tienen emplazadas en el espacio plataformas de comunicaciones seguras, pero que no utilizan toda la capacidad de enlace existente en órbita.

Sería el caso de Alemania, que cuenta con los satélites militares COMSATBw 1 y 2; de Francia, que utiliza los Syracuse 3A y 3B e incluso de España, que posee los Spainsat y Xtar-Eur, que en unos años serán sustituidos por los SpainSAT NG-1 y NG-2.

El Reino Unido también forma parte de la iniciativa GovSatcom desde las fases iniciales del programa, que se remonta a 2013. Con nada menos que cuatro satélites de comunicaciones militares en órbita, que también forman parte del fondo común ‒Skynet 5A, 5B, 5C y 5D‒, parece ser que todavía no hay una posición consensuada sobre qué pasará en el caso de que se produzca el Brexit de una forma acordada o no con la Unión Europea.

 

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