Foro Europa Ciudadana considera que el Gobierno español debe ser «exquisito» en el procedimiento jurídico a la hora de transponer la Directiva de Comunicación Audiovisual, que va a trasladar una serie de requisitos que van a marcar la regulación sobre los servicios audiovisuales para los próximos años y cuya transposición concluye el próximo 19 de septiembre.
En su informe ‘Claves para entender la Directiva de Comunicación Audiovisual’, elaborado por el profesor de Derecho Constitucional y Derecho Europeo de la Universidad Complutense de Madrid José Carlos Cano, se concluye que en la directiva «no cabe el término medio ya que el plazo y el calado de las reformas que trae consigo obliga, o bien a hacer una transposición prácticamente directa para cumplir los plazos manteniendo lo que recoge la Directiva, o aprovechar para introducir modificaciones relevantes escuchando a todos los actores implicados y abriendo la transposición al debate parlamentario».
En este último caso, Cano considera que «estaría justificado un retraso en su transposición ya que la crisis del coronavirus ha obligado a que el Gobierno no haya podido iniciar los procesos necesarios para su transposición». «Lo que no debería hacer el Gobierno es aprovechar la Directiva para introducir cambios en la legislación actual» y que no están recogidos en la misma «sin antes escuchar a todos los actores implicados y sin llevarlo al debate parlamentario».
«En resumen, o se hace una transposición directa, o se lleva al debate parlamentario y se escucha a todos los agentes del sector», recalca Cano.
Según ha trasladado Foro Europa Ciudadana, la Directiva afecta a la Ley General de Comunicación Audiovisual y trae consigo un «importante cambio de perspectiva y enfoque», la búsqueda de un equilibrio entre la garantía del acceso a los servicios de contenidos audiovisuales en línea, la protección del consumidor, y el fomento de la libre competencia, así como la protección de la obra europea.
Se trata de elementos que ya se encontraban presentes en la anterior normativa europea, pero que ahora se «matizan y completan, tanto en la regulación de la publicidad en televisión y en plataformas de prestación de servicios por internet, como en el contenido que se deba otorgar a la producción europea, y los intercambios de contenidos en línea, entre otras cuestiones», según ha explicado el think tank.
Las novedades incorporadas en esta Directiva reflejan las necesidades que se han manifestado durante estos últimos años en relación con la evolución y el ingente desarrollo que se han sentido en el sector de los servicios audiovisuales, de manera que la nueva Directiva constituye una auténtica regulación novedosa, que necesitará de una transposición detallada, minuciosa y pormenorizada con el espíritu de la norma europea.
«Es precisamente por este motivo por el que el proceso de transposición no debería haber un término medio y el Gobierno debe ser exquisito con la práctica jurídica», ha incidido el profesor, para quien «o se transpone directamente para cumplir con el plazo marcado por Bruselas y se mantiene lo recogido en la Directiva o en caso contrario debe aprovecharse para escuchar a todos los actores implicados e introducir reformas de calado en la normativa».
