Govern balear revisará el cierre de dos iglesias en la zona confinada de Ibiza

La Conselleria de Salud revisará la medida que obliga al cierre de los lugares de culto en la zona confinada de Ibiza, según se ha comprometido la consellera de Salud, Patricia Gómez, con el administrador diocesano de las Pitiusas, Vicent Ribas.

Según el sacerdote, la consellera le ha dado su palabra de que este miércoles revisarán esta medida y que podrían levantarán la restricción.

El Obispado de Ibiza y Formentera ha presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares contra la medida del Govern que afecta a los lugares de culto.

El administrador diocesano, Vicente Ribas, ha reiterado este miércoles que han presentado el recurso al ver la «flagrante injusticia» y el «atentado» contra los derechos de los fieles que se está cometiendo con estas restricciones.

Según ha explicado, ahora no se está en un estado de alarma y, ni entonces, «nunca» el Gobierno privó el culto en las iglesias, sino que fueron las propias diócesis las que optaron por cerrar. Ahora, negocios como cafeterías o peluquerías están abiertos, pero obligan a cerrar los templos, ha lamentado el administrador diocesano.

«Nos parece algo muy grave y una decisión completamente arbitraria porque en las iglesias se siguen todas las medidas sanitarias. No creo que ninguna haya sido un foco de contagio como hayan podido ser otros lugares», ha insistido, recordando que es una medida «muy injusta».

«En Madrid también tienen zonas confinadas y no se ha suspendido en ningún lugar el culto. Estando todo abierto, ¿por qué tienen que cerrar las iglesias? Es un derecho fundamental de las personas», ha insistido.

El administrador diocesano ha destacado que muchos fieles han apoyado su decisión de presentar el recurso contra la resolución de Salud.

Este lunes, el Obispado lamentó en un comunicado que la Conselleria hubiera decidido cerrar las dos parroquias de la ciudad de Ibiza situadas dentro de la zona confinada.

Según el administrador diocesano, se trataba de una medida «desproporcionada e injustificada» y, por ello, cuestiona los criterios objetivos que han llevado a la responsable de Salud a nivel autonómico a la adopción de suprimir el culto.

Según Ribas, tras esta supresión «no hay absolutamente ningún criterio objetivo, excepto la pura y más absoluta arbitrariedad».