Igea denuncia que el Gobierno incumplió el estado de alarma

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, no descarta emprender medidas por el trato «inaceptable» y la «falta de respeto» que desde el Gobierno se ha dado a Castilla y León y por haber incumplido las disposiciones del Estado de Alarma al trasladar a seis inmigrantes, desde Almería a Soria, sin ser sometidos a cuarentena, uno de los cuales dio positivo en COVID-19.

Así lo ha manifestado Igea, que ha expresado su «profundo malestar» por una situación que se produjo el pasado 25 de mayo, cuando llegaron a Soria seis inmigrantes que tres días antes habían llegado a Almería y que no fueron sometidos ni a prueba diagnóstica alguna ni a cuarentena preventiva.

Asimismo, Igea ha explicado que la Junta no tuvo conocimiento de este traslado hasta que uno de los inmigrantes, «sintomático», acudió al centro hospitalario y dio positivo en COVID-19, por lo que al iniciar el rastreo para determinar sus contactos se supo que había sido trasladado desde Almería a la capital soriana en un autobús junto a otros cinco inmigrantes más y que fueron ubicados en dos pisos de acogida.

«Es inaceptable, no se puede trasladar en esas condiciones, sin conocimiento de las autoridades sanitarias y sin conocimiento de los responsables de la Junta», ha enfatizado Igea, quien ayer mantuvo una conversación con la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, a quien ha exigido toda la información sobre si se han producido movimientos similares en otras de las provincias de la Comunidad.

El vicepresidente de la Junta y consejero de Transparencia, ha recordado que Soria ha sido una de las provincias más afectadas por el COVID-19 por lo que considera «tremendamente injusto» lo que ha hecho el Gobierno, y cree que se está pagando la «lealtad de Castilla y León con una deslealtad que no es admisible», por lo que no descarta ninguna medida máxime cuando no se han respetado las disposiciones del Estado de Alarma.

Y es que, según ha insistido el vicepresidente y consejero de Transparencia, de quien dependen en la Comunidad las competencias en materia migratoria, la Junta no va a «tolerar de ninguna de las maneras» que se trate a Castilla y León «como una comunidad de segunda o con una falta de respeto absoluto», algo que cree que no se hubiera producido en otras comunidades.