El final del mandato no le está resultando nada fácil a Pedro Sánchez. Su propósito es aprobar el mayor número posible de decretos leyes antes de las elecciones generales. El jefe del Ejecutivo tiene que hacer frente a los grupos de oposición en el Congreso y el Senado que pretenden obstaculizar las propuestas.
Con Las Cortes ya disueltas, Sánchez tendrá que recurrir a la Diputación Permanente para aprobar estos decretazos. Este modelo conlleva que el Parlamento tenga que convalidarlos en un periodo de 30 días. Los decretos leyes solo pueden ser utilizados en caso de urgente necesidad, por lo que se polemiza sobre si el Gobierno los usa por esta razón o para evitar la larga tramitación parlamentaria que llevan los proyectos de ley.
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, enfatizó el pasado lunes que su partido apelará ante la Junta Electoral Central los decretos leyes que el Gobierno valide en la Diputación Permanente del Congreso. “No puede ser que el Gobierno esté metiendo la mano a todos los españoles en el bolsillo para hacer campaña electoral”.
Algunos de los decretos autorizan gastos con un claro componente económico. Debido a esto, el resto de partidos acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de aprovechar para sacar rédito electoral a las últimas medidas. En otros casos se trata de decisiones que no necesitan de la aprobación de nuevas leyes ni decretos.
RETRIBUCIÓN DE 150,83 EUROS A LA GUARDIA CIVIL
Aunque no es debido a un decreto que se apruebe por el Gobierno en periodo electoral, los efectos sí que serán visibles en las elecciones. El martes se confirmó la subida de sueldo a los más de 75.000 agentes de la Guardia Civil. La medida autorizada por el Gobierno comenzará a partir del mes de abril, cuando todos los funcionarios del cuerpo comenzarán a cobrar 150,83 euros más al mes.
La subida retributiva coincidirá con las elecciones del 28-A. De manera que, el viernes 26 de abril los agentes podrán disponer del dinero a través de sus cuentas bancarias. Este aumento de sueldo se produce a raíz de los acuerdos para equiparar las nóminas a las de los Mossos d´Esquadra.
Los 250 millones de euros comprometidos en 2019 serán cobrados a pesar de que hayan podido ser aprobados los Presupuestos Generales del Estado. Según explicó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, esto es así gracias a un real decreto de enero que aprobó las medidas urgentes de retribuciones en el sector público.
PAGA DE 280 EUROS PARA FUNCIONARIOS
La estrategia de Sánchez es ultimar las subidas de salario para arañar votos de cara a los comicios de abril. Otros que también se verán favorecidos por el Ejecutivo serán los funcionarios.
El presidente socialista ha aprobado una paga de 280 euros para 40.000 empleados públicos que se repartirán antes de verano. Desde el equipo de Meritxell Batet, ministra de Política Territorial y Función Pública, se ha confirmado el pago de estas retribuciones.
Meritxell Batet también firmó hace unos días el IV convenio único para el personal laboral de la Administración del Estado que establecía una subida salarial del 5,5% de media para el personal laboral de la administración.
Sin embargo, este acuerdo ya ha encontrado sus detractores. La Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) rechazó esta medida y consideró que se trataba de un “cheque electoral”. El secretario de Acción Sindical de la organización, Francisco Camarillo, criticó el aumento salarial ya que, a su juicio, se trataba de una propuesta “electoralista”.
DECRETO-LEY DE BAJA POR PATERNIDAD
Entre los decretos-ley aprobados por el gobierno se encuentra el de medidas urgentes para garantizar la igualdad. Esta norma incluye la ampliación del permiso de paternidad de cinco a ocho semanas. La medida empezará a funcionar a partir del 1 de abril, una vez que haya dado tiempo a adaptar los sistemas de las empresas y las administraciones públicas.
Inicialmente, el Ejecutivo de Sánchez señaló que la implantación de este decreto-ley sería el cinco de marzo para que entrase en vigor el miércoles coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. La aprobación de esta medida, que igualará los permisos de maternidad y paternidad de aquí al año 2021, será el broche final a un Gobierno que se declaró “feminista”.
En cualquier caso, no todos lo han recibido bien. La plataforma de Madres Feministas por la Ampliación de los Permisos Transferibles (PETRA) reiteró hace unos días que esta ley era “patriarcal, puesto que aumenta los privilegios de los varones al tiempo que ningunea la maternidad como aportación social fundamental y como algo propio de las mujeres”.
COMISIÓN INFERIOR A TRES EUROS
La norma que impide a los bancos y otras entidades de crédito el cobro de una comisión superior a tres euros al mes por el empleo de una cuenta de pago básica entrará en vigor a finales de marzo. Se trata de una medida contenida en un decreto ley de 2017 que transpone al ordenamiento jurídico español una directiva europea.
Para aquellas personas en riesgo de exclusión financiera o situación de vulnerabilidad, el Ejecutivo aprobará un real decreto que explique los criterios para la resolución de los requisitos. Además, los bancos tendrán la obligación de poner en conocimiento de los clientes, con las características especificadas anteriormente, de la existencia de una cuenta de pago básica y de las mejores condiciones de comisión.
La orden ministerial firmada por la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, añade la posibilidad de que en un futuro se evalúe el tipo de utilización que los consumidores dan a las cuentas de pago básicas.
LEY DE LA VIVIENDA DE SÁNCHEZ
El Consejo de Ministros ya ha aprobado un real decreto-ley que responderá a la necesidad de ofrecer una mayor seguridad y certidumbre al inquilino. En definitiva, el Ejecutivo pretende un giro social en la política de la vivienda.
Esta nueva ley de alquileres depende de la aprobación del partido independentista vasco, Bildu. En la actualidad, el decreto-ley cuenta con 32 votos a favor y 32 en contra, aunque la posición de Bildu es decisiva. Marian Beitialarrangoitia, diputada de Bildu, señaló que había aspectos de la ley “que no consideraban positivos”.
En esta misma línea, el Gobierno recuperará a través de decretos-ley el subsidio para los desempleados mayores de 52 años y el incremento de la prestación por hijo a cargo hasta 588 euros para las familias en situación de pobreza severa.
