Tres magistrados que formaron parte del tribunal que juzgó el ‘procés’ independentista en Cataluña, Andrés Martínez Arrieta (como presidente), Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral, forman parte de la Sala que revisará el próximo 17 de septiembre el recurso presentado por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que le condenó por un delito de desobediencia al no retirar símbolos independentistas en campaña electoral.
La composición de la Sala, que ha sido comunicada este viernes por el alto tribunal, la completan los magistrados Vicente Magro y Susana Polo han señalado a Europa Press en fuentes de este órgano.
La decisión ha sido comunicada después de que el pasado miércoles el Pleno de la Sala de lo Penal del alto tribunal aceptara la abstención del magistrado que inicialmente iba a ser el ponente de la sentencia sobre este asunto, Miguel Colmenero, quien solicitó apartarse del caso al haber sido designado miembro de la Junta Electoral Central (JEC).
En una segunda resolución, este órgano inadmitió a trámite las recusaciones que la defensa de Torra había planteado contra once magistrados a quienes correspondía resolver esta petición de abstención.
Fuentes de la defensa han anunciado a Europa Press que, con excepción de Susana Polo, tiene previsto volver a recusar a todos los miembros designados para revisar la condena a Torra por los mismos motivos, al entender que no cuentan con la imparcialidad suficiente para encargarse del asunto.
HABRÁ NUEVA RECUSACIÓN
En su primera recusación, el abogado de Torra Gonzalo Boye ya aludía a la vinculación de Martínez Arrieta «a la adopción de determinadas decisiones en asuntos estrechamente relacionados con el objeto del recurso de casación, puesto que fue uno de los miembros de la Sala que confirmó acuerdos de la JEC del 11 y 18 de marzo de 2019 que Torra desobedeció.
A esto sumaba que tampoco deben estar en ese Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral, en tanto que fueron integrantes «de la sala de enjuiciamiento que confirmó la arbitraria detención de los presos políticos catalanes denunciada por Quim Torra».
Sobre el magistrado Vicente Magro, Boye detallaba en su anterior recusación que ha adoptado decisiones confirmando «las órdenes de detención, así como de ingreso en prisión, nacionales, pero también europeas e internacionales», cuya denuncia por Torra, «en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, ha dado lugar a la condena penal de la que trae causa el recurso de casación».
