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El juez Fernando Andreu sale de la Audiencia Nacional.

El juez Fernando Andreu, uno de los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, estuvo empadronado en una vivienda de Santander durante años sin que el propietario de la misma, un directivo de Bankia en Cantabria, lo supiera, según supo MONCLOA.COM de fuentes solventes.

Esta situación anómala de compartir censo se debe a motivos de seguridad. Andreu estuvo destinado en Santander como juez entre 1996 y 2002, año en el que consiguió la plaza al frente de uno de los juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional. En el ínterim del traslado a Madrid, el juez decidió vender su casa en el barrio santanderino de Cueto a un matrimonio mayor.

Las Fuerzas de Seguridad recomendaron en ese momento a Andreu que mantuviera el empadronamiento en dicha ciudad. En aquellos años, el terrorismo de ETA seguía plenamente activo y tanto la Guardia Civil como la Policía sabían que los datos del censo, que no son públicos, acaban en los partidos políticos y, en ocasiones, habían sido utilizados por Batasuna y sus formaciones satélites para suministrar información de potenciales objetivos a los comandos de la banda terrorista.

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Andreu accedió a la recomendación y desde 2002 hasta “hace un par de años”, según un portavoz de la Audiencia Nacional, mantuvo sus datos censales en Santander pese a vivir en Madrid. En 2008, el matrimonio al que había vendido la vivienda hizo lo propio con un directivo de Bankia en Cantabria, S.C.Y., quien durante todo este tiempo ha vivido en esa casa sin saber que el juez Andreu estaba también empadronado en él. En el Registro de la Propiedad aparece junto a su esposa como únicos titulares de la vivienda, según ha comprobado este medio.

MONCLOA.COM se puso en contacto con S.C.Y. y éste dijo no conocer de nada al magistrado. Es más, nunca ha recibido misivas -por ejemplo, las cartas censales que se envían antes de cada proceso electoral- a nombre de Andreu en su domicilio.

El juez tampoco conoce al directivo de Bankia, según subrayó el citado portavoz de la Audiencia Nacional, ni ha obtenido beneficios por estar empadronado en la capital cántabra. Simplemente, ha tenido un censo ‘ficticio’ por motivos de seguridad durante una década y media.

Los datos del censo son esenciales para poder votar en unos comicios, pero también para obtener la tarjeta sanitaria de la comunidad autónoma en la que se reside o para renovar el DNI tras un cambio de domicilio o por caducidad del mismo.

Se da la paradoja de que Andreu llevó la instrucción de todo el caso Bankia. Una de sus piezas separadas, la de las ‘tarjetas black’, ya ha sido juzgada en la Audiencia Nacional y conllevó la prisión de Rodrigo Rato y otros exaltos cargos de la entidad financiera.

Andreu tomó posesión de su plaza de magistrado en la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia el pasado mes de noviembre y ya ha sido designado, por turno de reparto, ponente de la sentencia del caso Bárcenas y de otras cuatro causas derivadas del caso Gürtel que afectan a la formación que dirige ahora Pablo Casado.

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Este juez es considerado en los círculos judiciales como un magistrado progresista y estuvo en las listas de jueces aspirantes a vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el último proceso de renovación del órgano que no llegó a salir adelante tras la polémica del SMS del senador Ignacio Cosidó.

Asimismo, estuvo a punto de ser nombrado secretario de Estado de Justicia por la ministra Dolores Delgado, pero su nombramiento se descartó en el último momento ante la posibilidad de que su nombre saliera en grabaciones del comisario José Manuel Villarejo.

Andreu es amigo tanto de Delgado como del exjuez Baltasar Garzón, primer instructor del caso Gürtel y que fue condenado a inhabilitación por ordenar escuchas en prisión a los abogados de la causa.

 

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