Ha sido suspendida la vista que estaba prevista hoy en el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional para decidir sobre la libertad de Enrique García Castaño, alias ‘El Gordo’. El comisario, a través de su defensa, exigió al juez Manuel García Castellón más tiempo para preparar su defensa en las cinco piezas por las que ya le investiga. La quinta es el espionaje del BBVA a los enemigos de su expresidente, Francisco González.
Es el primer caso de investigación judicial (léase imputación) de uno de los presuntos espías por el caso BBVA. El juez ya pidió al banco la entrega de todo el material relativo a la operación Trampa, espionaje a los enemigos de Francisco González con ocasión de la frustrada opa de Sacyr. La entrega de documentación avanza sin alardes de prontitud ni estrépitos de negativas.
Pero el juez, entretanto llena huecos documentales, tiene suficientes indicios para sospechar que el comisario Enrique García Castaño pudo cumplir una tarea similar en Trampa que en las otras piezas sumariales por las que se halla investigado: pieza principal de Tándem, Iron, Land y Kitchen.
En varias de esas piezas se mencionan, sobre la base de los informes de Villarejo, las gestiones de BIG (presuntamente ‘El Gordo’) para conseguir teléfonos y se cita su supuesto número de fax en la Comisaría General de Información para recabar datos para el cliente privado. Para complicar más las cosas, el propio García Castaño ya declaró que le daba a Villarejo cuanto teléfono o tráfico le pidiera porque así se lo ordenó el DAO (director adjunto operativo) Eugenio Pino, algo que éste negó inicialmente a través de personas de su entorno.
La defensa de García Castaño, que pilota Baltasar Garzón, se queja en su petición de retrasar la cita judicial de que algunas de tales acusaciones (o sus informes correspondientes) aún no las había recibido en vísperas de esta cita judicial. Pero más allá del deseo de conocer con más detalle las pruebas judiciales antes de comparecer, el escrito de la defensa aflora otra vía argumental de mayor calado.
La defensa de El Gordo hace cuestión crucial de los secretos oficiales buscando una difícil ecuación: probar que cuando un policía espía a un exministro socialista, a una de las hermanas de García Cereceda, a un rival empresarial del marido de Ana Rosa Quintana o busca información de Gürtel fuera del cauce judicial…está bajo la ley de secretos oficiales.
Esta estrategia apunta veladas amenazas. «El señor García Castaño no puede concurrir a las declaraciones hasta que no se haya oficiado al Consejo de Ministros y se haya producido la dispensa que garantiza que podrá desplegar su derecho a la defensa, explicando pormenorizadamente las conversaciones relativas a operativos policiales y fuentes de información obrantes».
Pero Garzón quiere más. No sólo que el Gobierno acuerde tal permiso para romper secretos oficiales, sino que exige controlar la Prensa. El también defensor de Julian Assange, autor de una filtración mundial de secretos de Estado como fue wikileaks, se queja de que «todo movimiento procesal que se realiza en el ámbito del secreto de comunicaciones es retratada inmediatamente en los medios de comunicación».
De hecho, este ex juez, cuyos sumarios fueron profusamente difundidos siempre en la prensa (GAL, Nécora, Ucifa o Gürtel…), se ha quejado en cuatro ocasiones al juez de tales filtraciones. Y su cliente, García Castaño, uno de los policías en España con más contactos en la prensa, ha llegado a denunciar tal supuesto coladero judicial.
Por todo ello, Garzón ha solicitado al juez instructor de Tándem algo insólito: «Que este órgano judicial cumpliera con la obligación relatada y se dirigiera a los medios de comunicación, informándoles que los datos, informaciones y elementos que el señor García Castaño podría revelar en su declaración (información dispensada sólo a efectos judiciales) no podía ser publicada«.
A renglón seguido, el escrito de defensa lanza la última advertencia al instructor: «Sin embargo, hasta el momento no se ha realizado esa comunicación a los medios de información, por lo que, de concurrir nuevamente el señor García Castaño, a declarar en el marco de esta causa, la información que vierta podría ser dispuesta por los medios de comunicación produciendo un daño irreparable a determinadas materias vinculadas con la seguridad nacional».
Por todo ello, el abogado de El Gordo se despide de García Castellón pidiendo más tiempo para preparar su defensa mientras le exige que «se dirija orden a los medios de comunicación para que no publiquen ningún dato en relación al eventual contenido de dichas publicaciones».
