UAM
La facultad de Filosofía y Letras de la UAM. Foto: Europapress.

Los antiguos alumnos de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) han perdido la primera batalla contra el centro. El Juzgado de lo Social número 7 de la capital ha desestimado el pasado 19 de julio la demanda que interpuso la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) a la UAM por utilizar a becarios y a doctorandos para cubrir puestos de trabajo estructurales. Ahora, los exalumnos paralizarán sus causas individuales y, junto a la Seguridad Social, recurrirán la sentencia.

Son 285 los alumnos implicados. Muchos eran becarios. Pero también había doctorandos. Y están indignados tras la sentencia emitida por la Justicia. Cobraban 300 euros al mes por realizar lo que tanto ellos como la Seguridad Social entienden como un trabajo tradicional. Pero, según la Universidad Autónoma de Madrid, esos trabajos no eran más que prácticas extracurriculares que “se adaptan completamente a la normativa que las regula, precisamente por estar totalmente desvinculadas de su formación académica, puesto que no forman parte del plan de estudios”.

La UAM se enfrenta a varios procesos. Tanto el que le ha interpuesto la Tesorería General de  la Seguridad Social como los que han planteado los alumnos a título particular. Todos por el mismo supuesto: emplear becarios y doctorandos para desempeñar trabajos estructurales. De hecho, una exalumna ya había ganado uno de los procesos contra la universidad precisamente por el mismo motivo. Razón por la que muchos de los becarios interpusieron nuevas demandas.

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La Autónoma se ha gastado ya 90.000 euros en el proceso para defender su posición, según relatan fuentes cercanas a los denunciantes. La SS denunció a la universidad pública tras una inspección de trabajo realizada los días 16 y 23 de mayo de 2017. Las prácticas consistían en pagar 300 euros mensuales a los alumnos que trabajaran no más de 18 horas semanales y 600 a aquellos que desempeñaran su labor en no más de 25 horas a la semana.

Pero los propios becarios y doctorandos relatan a MONCLOA.COM que sus labores eran dignas de un trabajo estructural, no de unas prácticas. Algo que avala la Seguridad Social. Ahora los alumnos han decidido centrarse en el proceso colectivo y dejar atrás los individuales. Algunos tenían sus procesos personales en los próximos meses, pero prefieren apoyarse en el recurso de la SS para conseguir su propósito.

El rector de la Universidad Autónoma de Madrid, Rafael Garesse, emitió un comunicado en el que mostraba su “satisfacción” tras la sentencia emitida por el juzgado. Según Garesse, una de las prioridades de la UAM ha sido siempre garantizar que los estudiantes tienen acceso a “programas de prácticas de calidad que refuercen su formación y mejoren su empleabilidad”. 

Según la sentencia, “si de las dos situaciones puestas de ejemplo por la inspección no se desprende ningún tipo de relación laboral, mucho menos se puede pretender que la Universidad Autónoma de Madrid haya contratado a 285 personas en fraude de ley, porque el fraude no se presume, hay que probarlo”. Unas palabras de las que se ha hecho eco el rector en su comunicado.

CCOO, EL DETONANTE

La denuncia nació del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), desde donde presentaron una denuncia ante la Inspección de Trabajo en la que acusaban a la Universidad Autónoma de Madrid de utilizar becarios para realizar “actividades principales o complementarias de una actividad laboral”, según detallaron en su escrito. Los becarios, según CCOO, realizaban actividades completamente desligadas de su formación. Es decir, que el trabajo no tenía nada que ver con las materias que estudiaban los alumnos.

 

El acta de la Inspección de Trabajo es clara y contundente: los becarios “eran incluidos inmediatamente en el organigrama funcional del departamento o servicio en el que las realizaban, de manera que con la prestación de tales prácticas el departamento cubría por turnos determinados puestos tales como atención al público, préstamos de libros, mantenimiento de bases de datos”. Pero la Justicia no ha visto ningún delito, al menos de momento.

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En estas actividades presuntamente ilegales no solo estaban implicados los becarios que cursaban algún grado. Los doctorandos también se vieron afectados. Muchos desempeñaban funciones laborales que poco o nada tenían que ver con su objeto de estudio. También tras la máscara de unas prácticas. Razón por la cual muchos denunciaron a la universidad siguiendo la estela que dejó la demanda de la Seguridad Social. 

 

 


 
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