Marchena renunció para que los mensajes de Cosidó no contaminen el juicio contra el ‘procés’ catalán

Manuel Marchena presentó hoy su renuncia a dirigir el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al entender que los mensajes de móvil del senador Ignacio Cosidó a sus compañeros del PP puede afectar al juicio que se va a celebrar próximamente contra los líderes independentistas y, sobre todo, en un hipotético recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) si alguno de los acusados es finalmente condenado.

Fuentes próximas a Marchena señalaron a MONCLOA.COM que esta es la principal causa por la que el magistrado ha roto el pacto entre el PSOE y el PP. Cosidó indicó a los senadores de su grupo parlamentario que la elección de Marchena era una «jugada estupenda», al ser un «gran jurista con muchísima experiencia en el Supremo, que prestigiará el TS y el CGPJ, que falta le hace, y con una capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0».

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Tras ello, destacó que el PP controlaría «la sala segunda desde detrás y presidiendo la sala 61», según el whatsapp al que tuvo acceso El Español. Del mensaje de Cosidó se deduce que Marchena será la persona que controle la Sala de lo Penal que va a juzgar a los independentistas catalanes ya que la alteración en la composición del Tribunal que debe juzgar por rebelión a los presos del procés iba en sentido contrario: la salida de Marchena de esta sala para presidir el Supremo colocaba al progresista Andrés Martínez Arrieta en su lugar y también se daba acceso a este Tribunal a Susana Polo, de corte progresista.

Las palabras de Cosidó colocaban, por tanto, en una posición muy delicada a Marchena. «Pueden influir en el desenlace de Cataluña y sobre todo ante un recurso en Europa. Y para que eso no pase, se marcha», indican las citadas fuentes.

Asimismo, Marchena ha comunicado a sus allegados que el pacto PP-PSOE, con una novedosa mayoría progresista de 11-10 en el CGPJ con él de presidente, y la posibilidad de que las elecciones generales se adelanten, podría provocar que sólo esté al frente del Supremo y del órgano de control de los jueces «durante seis meses».

Ello sería posible si la citada mayoría progresista se conjura contra él. «Para eso, mejor no serlo», subraya un allegado de Marchena, cuyo mandato y el de los vocales serían de cinco años. Aunque no sería fácil sacarle de ambos puestos. La ley orgánica del Poder Judicial sólo contempla una renuncia personal de su presidente o la destitución aprobada en sesión plenaria del CGPJ «por notoria incapacidad o incumplimiento grave de los deberes de su cargo por mayoría de 3/5», es decir que la mayoría progresista de 11 a 10 sería insuficiente para cambiar a Marchena.

«Las palabras de Cosidó pueden influir en el desenlace de Cataluña y sobre todo ante un recurso en Europa. Y para que eso no pase, se marcha»

Otra consecuencia de la renuncia de Marchena al CGPJ es que seguirá presidiendo la Sala de lo Penal. El pasado mes de octubre, Marchena fue el que firmó la admisión a trámite la querella contra Carme Forcadell, presidenta del parlamento catalán, y otros miembros de la Mesa del mismo.

Durante su trayectoria en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo destacó la instrucción de causas contra el exmagistrado Baltasar Garzón. Ninguna de las que tuvo en sus manos prosperó, pero Marchena formó parte del tribunal que condenó a Garzón por las escuchas a los abogados del caso Gürtel.

EL DESEMBARCO DE MARCHENA EN MADRID

Marchena desbancó en la Sala de lo Penal al progresista Cándido Conde-Pumpido. Como fiscal trabajó de la mano de Conde-Pumpido, fiscal general del Estado con el PSOE y canario como él. A pesar de llegar a la Fiscalía con el PSOE, mantuvo una buena relación en la etapa del Gobierno del PP, en que el fiscal general fue Jesús Cardenal.

El que iba a ser nuevo presidente del CGPJ fue el fiscal de Sala más joven y también el más joven magistrado del Tribunal Supremo, ya que alcanzó este puesto con 48 años. Marchena es autor de un libro sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prologado por el exministro del PP Rafael Catalá, precisamente quien ha llevado ahora las negociaciones para la renovación del CGPJ.

Marchena también mantiene una buena relación con los exministros populares José María Michavila y Ángel Acebes. La negociación para la renovación del CGPJ se produjo cuando su presidente, Carlos Lesmes, ha visto fuertemente erosionada su imagen por la crisis vivida en el Tribunal Supremo por la polémica por el impuesto de las hipotecas.

La Mesa del Congreso decidió ampliar el plazo para la presentación de los candidatos elegidos por esta Cámara hasta el 12 de diciembre de forma improrrogable. Las negociaciones se han llevado a cabo también en un contexto en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchezdio por rotas sus relaciones con el líder popular, Pablo Casado. Tal como matizó Sánchez, esta ruptura no era extensible a la interlocución entre los dos partidos.

Otro posicionamiento significativo de Sánchez ha sido cuando manifestó que el poder judicial debe hacer autocrítica por lo ocurrido con la marcha atrás en la doctrina sobre el impuesto sobre las hipotecas. Estas palabras fueron interpretadas como un dardo hacia el actual presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes.