Apenas el 5% de los ciudadanos vascos ve un problema la corrupción para alegría del hegemónico PNV. Este porcentaje contrasta con la preocupación que este asunto despierta entre los ciudadanos españoles: más del 30% según el último CIS.
La diferencia radica en que en la última década los casos ocurridos en Madrid, Valencia, Catalunya o Andalucía han sido los grandes ejemplos de la corrupción española y el PP, PSOE y CiU han pagado electoralmente por ello. Sin embargo, el PNV ha ganado tirón en las urnas porque pocos dudaban de que su discurso sereno y pragmático estaba en armonía con su ejemplaridad.
El lehendakari Íñigo Urkullu explicó en el Parlamento de Vitoria en 2014 que la corrupción «no encaja con nuestra cultura y nuestros valores políticos y sociales». Pero, ¿hasta que punto la limpieza del PNV tenía que ver con su facilidad para llegar a acuerdos con PP, PSOE, Podemos, EH Bildu y hasta con la prensa que menos le ríe las gracias? ¿Y hasta que punto ‘el conflicto vasco’ desvió la mirada en otros asuntos? Pasen y vean.
El ‘caso De Miguel’ acorrala a los ‘jetzales’. La trama que se juzga en Vitoria ha sentado en el banquillo a varios exdirigentes del PNV y exaltos cargos del Gobierno de Juan José Ibarretxe, acusados todos ellos de engordar sus cuentas con comisiones ilegales a cambio de adjudicar contratos irregulares.
La trama liderada por Alfredo de Miguel (exnúmero dos del PNV en Álava) salpica también a ex miembros de la Ejecutiva ‘peneuvista’ alavesa (Aitor Tellería y Koldo Ochandiano) para quienes la fiscalía solicita 29 años y 9 meses de cárcel.
También están procesados Gurutz Larrañaga (exviceconsejero de Cultura) y Xabier Sánchez Robles, (exdirector de Juventud en el Gobierno), que fueron altos cargos durante el Gobierno que presidió Juan José Ibarretxe.
BENEFICIO ECONÓMICO «ILÍCITO»
La fiscalía sostiene que De Miguel lideró un entramado societario que buscaba lograr un «ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas» y para ello se valieron de su peso y pertenencia al partido que ostentaba por aquel entonces el poder, el PNV.
Alfredo De Miguel, alias ‘Txitxo’, era el cabecilla que llegó a tal nivel que supuestamente contrató a su suegra por valor de 34.000 euros que procedían de mordidas para que cuidase de sus nietos.
En el juicio, que arrancó en enero (nueve años después de la primera denuncia), están juzgadas 26 personas y 20 de ellas estuvieron ligadas directamente al PNV. El partido por su parte no quiere oír nada sobre el asunto y de hecho han adoptado un perfil bajo sobre la corrupción propia… y ajena.
El consejero de Salud, Luis Darpón, explicó ante una pregunta del PP que ni «en el Gobierno ni en el PNV protegemos a nadie, ni les vamos a pedir por WhatsApp que sean fuertes».
¿SICILIA O EUSKADI?
La fiscalía explica sobre el ‘caso De Miguel’ que «estamos ante prácticas más propias de Sicilia que de un país mínimamente serio» e ironiza de forma desafortunada con el «toque vasco» por extorsionar «comiendo».
Este proceso judicial evidencia que Alfredo de Miguel, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano crearon tres compañías, Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga, para delinquir con mordidas de obra pública y funcionar como una «especie de colocadero» para los más cercanos al PNV.
En 2010 Aitor Tellería fue acusado de espiar a rivales políticos en Vitoria apoyándose de varios ertzainas. La fiscalía abrió una investigación y Santiago Abascal Escuza (padre del líder de VOX) se personó contra el acusado.
El periodista Íker Rioja explica en el libro ‘Dentro de lo normal’ (nombre prestado a un testigo que afirmó que esperaba de una mordida algo «dentro de lo normal») que «un acuerdo presupuestario cerrado en Álava entre el PNV y el PP tuvo como letra pequeña que Abascal saliera del procedimiento antes del juicio. El protagonista, en privado, siempre renegó de ello».
MIRANDO ATRÁS CON EL PSOE
Los vínculos del PNV con favores del PSE y PP recuerdan al confort que disfrutó Pujol con el bipartidismo. Los socialistas se vieron afectados en 2014, año en el que Juan Ignacio Martínez (presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas) denunció que los consejeros del PNV y PSE en el tribunal habían eliminado doce folios de un informe sobre las ayudas públicas al equipo vasco de Fórmula 1 Epsilon.
Martínez denunció que se habían arrancado una docena de folios y que se incorporaron por sorpresa valoraciones sin estar soportadas documentalmente con la intención de que se evidenciase que las ayudas se ajustaban a la Ley. Poco tiempo después Martínez fue relevado y lo relevó José Luis Bilbao, ex diputado por Bizkaia y peso pesado en el PNV durante décadas.
La denuncia de la abogada del Estado Macarena Olona fue mal recibida en ciertos sectores del puerto de Pasaia. «Tú que eres de Alicante, ¿qué haces aquí con la corrupción que hay en tu tierra? Vete allí a investigar, joder», le espetaron con arrogancia identitaria.
Pero Olona siguió en sus trece y denunció a la fiscalía los sobrecostes en la construcción de la lonja de pescado a cargo de FCC y Lurgoien, caso que se encuentra judicializado. La abogada del Estado ha recibido varios premios por su actuación.
Pero también vio por sorpresa como José Ramón Sempere, nuevo presidente de Mercasa por decisión de Pedro Sánchez, tardó solo dos semanas en relevarla como directiva unos días antes de declarar ante la Audiencia Nacional como testigo del ‘caso Mercasa’, que salpica a Pablo González (hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid por el PP) y Álvaro Curiel (alto cargo con Zapatero). Ella se quedó sin testificar y muchos se quedaron con el prestigio por los tobillos.
